Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Gobierno argentino se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir el número de hogares que reciben subsidios en sus tarifas de electricidad. Actualmente, casi 9,5 millones de usuarios en el país se benefician de estos descuentos, lo que representa alrededor del 60% del total de usuarios residenciales, según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) consultados por Infobae.
Con un total de 16.375.270 usuarios de electricidad en Argentina, el sistema vigente clasifica a los hogares en tres niveles según sus ingresos: Nivel 1 (ingresos altos), Nivel 2 (bajos) y Nivel 3 (medios). El 42% de los hogares pertenece al Nivel 1 y paga la tarifa plena, mientras que el 38,1% (6.244.657 hogares) y el 19,6% (3.211.792 hogares) están en los niveles 2 y 3, respectivamente, con diferentes grados de subsidio.
Para el Estado, el servicio eléctrico representa la mayor parte del gasto en subsidios energéticos, en parte por su cobertura nacional. No obstante, en 2024, el gasto en subsidios se redujo en un 35% respecto al año anterior, alcanzando los USD 6.252 millones, equivalente al 1% del PBI, según la consultora Economía y Energía. Las proyecciones para 2025 anticipan una baja adicional a USD 4.433 millones, el 0,7% del PBI.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad subieron un 264% y las de gas un 622% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los hogares sin subsidios, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet.
A partir de lo acordado con el FMI, el Gobierno planea eliminar el esquema actual y reemplazarlo por un sistema que focalice la asistencia únicamente en hogares vulnerables. Esta medida dejaría fuera del beneficio a aproximadamente 3,2 millones de usuarios de clase media, así como a otros usuarios que no logren acreditar formalmente su situación económica.
La reforma del esquema de subsidios también responde a otro compromiso con el FMI: transformar el mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025. Esto incluye permitir contratos libres entre empresas generadoras y distribuidoras, sin la intervención de la empresa estatal CAMMESA. Para ello, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro.
En esa línea, la Resolución 21/2025 de la Secretaría de Energía autoriza la libre contratación en el mercado eléctrico, con el objetivo de fomentar la competencia. No obstante, esta liberalización genera tensiones internas y plantea dudas sobre la sostenibilidad del nuevo sistema.
Por su parte, la Secretaría de Energía avanza con la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que establecerá un sendero de inversión, aumentos escalonados y un esquema de actualización mensual. Las empresas distribuidoras, en especial Edesur y Edenor, deberán comprometerse a mejorar la calidad del servicio.
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