Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El Gobierno argentino acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un rediseño en el esquema de subsidios energéticos que eliminará gradualmente la asistencia estatal a los hogares de clase media. Según se detalló en el acuerdo, la nueva política se enfocará exclusivamente en usuarios de menores ingresos, como parte de un plan más amplio para reducir el déficit fiscal y avanzar en la desregulación del sistema energético.
La Secretaría de Energía será la encargada de implementar el nuevo esquema antes de que finalice el año 2025. Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios. De acuerdo con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre de 2024 había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada: 6,3 millones en el Nivel 2 (ingresos bajos) y 3,2 millones en el Nivel 3 (ingresos medios). Para el gas, 5,3 millones de usuarios estaban subsidiados, con una proporción similar entre niveles.
La iniciativa implicará la exclusión de aproximadamente 3 millones de usuarios de electricidad del Nivel 3, quienes comenzarán a pagar el costo pleno del servicio. La medida afectará también a hogares vulnerables que no logren acreditar su situación, dado que el Estado enfrenta dificultades para cruzar datos entre distintas bases de información.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, liderará el diseño del nuevo esquema. El plan tomará como referencia la tarifa social implementada durante la administración de Mauricio Macri, que diferenciaba entre beneficiarios y no beneficiarios, sin escalas intermedias. La aplicación será progresiva y, según fuentes oficiales, no se esperan cambios inmediatos antes de fin de año, salvo que se requiera acelerar el ajuste fiscal.
El ajuste ya ha tenido efectos visibles. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas subieron un 264% y las de gas un 622% para usuarios no subsidiados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet.
Además del recorte en subsidios, el acuerdo con el FMI incluye una reforma del mercado mayorista de electricidad prevista para noviembre de 2025. En ese contexto, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que permite contratos directos entre empresas sin la intermediación de CAMMESA, la compañía estatal que actualmente centraliza la compra y distribución de energía.
El nuevo modelo busca que los subsidios se transfieran directamente a las facturas de los usuarios, permitiendo que el precio final refleje el costo real del suministro. CAMMESA, por su parte, resolvió una deuda de USD 1.000 millones con generadoras mediante un bono en dólares (AE38) y avanza en un plan de regularización de pagos con las distribuidoras.
Finalmente, la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que está en curso, establecerá un esquema de aumentos tarifarios en tres tramos y un mecanismo de actualización mensual, orientado a asegurar inversiones en infraestructura y mantener el equilibrio económico del sector.
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