Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
A diez meses de administración libertaria, el Gobierno se enfrenta a la segunda marcha universitaria a nivel nacional. La marcha, que tendrá lugar en las principales ciudades del país, se realizará horas antes de que el Poder Ejecutivo firme el veto de la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso.
Cerca del límite del plazo legal, el Gobierno vetará la ley cerca de la medianoche del miércoles 2 de octubre. La decisión fue tomada desde antes que la ley fuera aprobada por el Senado. El principal fundamento es que la legislación no sigue la línea de déficit cero impulsada por el Gobierno. De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la recomposición de los salarios del personal docente y no docente se estima que implicaría una inversión por parte del Estado de más de 738 mil millones de pesos, equivalentes a 0,14% del PBI.
Por esta razón, según lo adelantado por el presidente Milei en su cuenta de X horas después de que la Cámara Alta aprobó la ley, el veto será total. Lo mismo aseguró la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Aun así, el veto debe pasar por el Congreso para entrar en vigor. Si bien los partidos más cercanos al oficialismo acompañaron al Gobierno para lograr vetar la ley de movilidad jubilatoria, para esta oportunidad la Casa Rosada aún no tiene confirmado el respaldo de los mismos bloques, pese al intento por parte de Milei de apegarse más al Pro invitando a los legisladores a un asado en la Quinta de Olivos.
Si el veto no se sostiene, el Gobierno deberá acudir a nuevos fondos para financiar la ley, pero también tiene la opción de tomar un camino legal apelando a la ley de administración financiera que "comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado".
De todos modos, el Poder Ejecutivo sostiene que la marcha del 2 de octubre tiene fines políticos y busca desestabilizar al Gobierno. Uno de los indicadores que los lleva a caer en esta conclusión es la presencia en la marcha de los principales partidos opositores y de organizaciones como la Confederación General e Trabajo (CGT), un organismo fuertemente arraigado al peronismo.
El conflicto expuso un choque de argumentos entre ambas partes. De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en los últimos ocho meses, el Gobierno nacional transfirió a las universidades nacionales $1,8 billones lo cual representa una caída en términos reales del 30,1% en comparación al mismo período de 2023. Mientras que, por su parte, el Ministerio de Capital Humano publicó un documento en el cual asegura que las universidades no aceptaron un el aumento del 6,8% ofrecido para octubre. El Gobierno sostiene que las casas de estudio recibieron más dinero del solicitado. Además, aseguran no tener conocimiento de la cantidad de estudiantes actualmente regulares.
La marcha fue convocada para el 2 de octubre a las 17 horas. Frente al Congreso, se congregará una gran multitud en la cual participará el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina).
Se espera que varias figuras como Carlos De Feo, secretario general de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) hagan un discurso en un escenario montado en las afueras de la Legislatura. Para el final, alumnos y secretarios generales de los gremios docentes leerán un documento conjunto, muy crítico del Gobierno y en el cual reclamarán que no se vete el proyecto de financiamiento sancionado por el Senado. Además, aclararon que no se hará referencia a ningún nombre propio.
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