Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Gobierno argentino anunció cambios significativos en la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, publicado en el Boletín Oficial. La nueva normativa, que entra en vigor desde abril de 2024, expresó en conferencia de prensa el 25 de marzo desde Casa Rosada Manuel Adorni, vocero presidencial del Gobierno. Así, vincula la actualización de los haberes jubilatorios directamente con la inflación, la cual se completa en julio de 2024. Este cambio busca garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo frente a la escalada de precios, respondiendo a la "acuciante realidad" que enfrentan los adultos mayores en Argentina.
Según el decreto, los haberes se ajustarán mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, a partir de abril, los jubilados recibirán adelantos a cuenta de la actualización de junio y un incremento extraordinario del 12,5% sobre los haberes de marzo. Este ajuste previo tiene como objetivo suavizar la transición hacia la nueva fórmula de movilidad.
La modificación se justifica en la necesidad de adoptar una política de seguridad social más eficiente que refleje el costo de vida real y cumpla con las normas internacionales en la materia. El Gobierno es un férreo critico la fórmula de movilidad jubilatoria anterior por su incapacidad para cubrir el riesgo inflacionario y por generar una notable pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.
Este cambio en la política jubilatoria es impulsado por el reconocimiento de que la fórmula vigente, basada en la recaudación destinada a la ANSES y el aumento de salarios, no es suficiente para proteger a los adultos mayores de los efectos de la inflación. La nueva fórmula busca, entonces, ofrecer una mayor previsibilidad y estabilidad en los haberes previsionales, asegurando que los incrementos sean al menos equivalentes a la inflación registrada.
Así, el anuncio genera expectativas entre los adultos mayores y los especialistas en política social, quienes observarán de cerca la implementación de esta medida y su impacto real en el poder adquisitivo de los jubilados. Con este cambio, el Gobierno argentino da un paso adelante en la protección de sus ciudadanos mayores, reconociendo la importancia de ajustar las políticas públicas a las realidades económicas del país.
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