Ciudad de Buenos Aires,
Judith Moreno
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El Gobierno nacional concretó ingresos por 685 millones de dólares tras adjudicar las concesiones de cuatro represas hidroeléctricas en la región del Comahue. Esta operación representa una de las principales fuentes de divisas para fortalecer las reservas internacionales y atraer inversión en infraestructura energética.
Durante la apertura de ofertas económicas se evaluaron los complejos Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados (Planicie Banderita). Las propuestas con mejor calificación técnica y económica correspondieron a operadores locales, desplazando a competidores internacionales. En tres de los proyectos, los ingresos mínimos ya fueron validados. Solo en Cerros Colorados se habilitará una instancia de mejora de propuestas.
MSU Green Energy, filial del Grupo MSU, resultó adjudicataria de El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita. Por su parte, Central Puerto renovó la concesión de Piedra del Águila y Edison Inversiones accedió a Alicurá. Estas centrales aportan una capacidad instalada conjunta superior a los 4.100 megavatios, cifra equivalente a entre 10% y 15% de la matriz energética nacional.
Según datos oficiales difundidos el 28 de noviembre, la propuesta presentada por MSU Green Energy incluye una inversión inicial de 235,7 millones de dólares destinada a El Chocón-Arroyito, junto con un compromiso adicional de 230 millones para modernización y mantenimiento. El CEO del Grupo MSU, Manuel Santos Uribelarrea, afirmó: "Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar. Es un hito en la estrategia de crecimiento del Grupo MSU y nos posiciona entre los principales generadores de energía renovable del país".
Piedra del Águila recibió una oferta de 245 millones de dólares por parte de Central Puerto, operadora actual del complejo. En el caso de Alicurá, Edison Inversiones propuso 162 millones, cifra que superó la oferta de 130 millones realizada por la filial local de AES. Para Planicie Banderita, BML Inversora alcanzó el mejor resultado con una propuesta de 41,7 millones.
Desde la Secretaría de Energía indicaron que los concesionarios "estarán obligados a ejecutar todas las inversiones, obras y reformas de infraestructura necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos, tal como establece el pliego".
Así, el nuevo esquema contractual incorpora un canon específico por el uso del agua, fondos destinados a obras de seguridad hídrica y regalías aplicadas sobre ingresos totales. Las provincias podrán optar por percibir parte de esas regalías en especie, orientadas al consumo interno o la reventa. También se exigirá que los operadores faciliten información hidrometeorológica a los organismos públicos.
En agosto, el Estado prorrogó las concesiones vencidas en 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, a fin de garantizar la continuidad operativa hasta la transferencia a nuevos adjudicatarios. Las represas estuvieron bajo administración de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto desde su privatización en la década de 1990.
Fuentes del sector estiman que la recaudación total podría situarse entre 700 y 800 millones de dólares. Las autoridades prevén que estos fondos ingresen al Tesoro antes de finalizar el año. En los próximos meses se definirá el futuro de otras quince represas con vencimientos contractuales cercanos.