Foto: X @JMilei
El gobierno de Javier Milei lanzó una serie de medidas en la Cancillería y en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, anteriormente AFIP) que buscan reestructurar y redefinir la orientación de estos organismos estratégicos. Las reformas han generado un clima de tensión y malestar entre los trabajadores, especialmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el nuevo liderazgo de Gerardo Werthein ha sido señalado como parte de un "patrullaje ideológico" que busca asegurar la lealtad de los diplomáticos a la visión del gobierno.
La reciente salida de Diana Mondino como titular de la Cancillería fue motivada, en parte, por el voto de Argentina en la ONU para condenar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, una decisión que generó polémica en el gobierno. Ahora, se ha ordenado investigar a fondo el proceso detrás de esta votación, revisando documentos y comunicaciones internas para identificar a los diplomáticos involucrados en la recomendación de ese voto. "Queremos investigar esa votación en particular", declaró una fuente cercana al presidente para La Nación, subrayando que se revisarán "cables reservados y comunicaciones internas" para entender quiénes impulsaron esta postura en Cancillería, una postura que contrasta con el alineamiento que Milei busca con Estados Unidos e Israel.
El equipo de Milei, en coordinación con Werthein, está evaluando la posibilidad de realizar entrevistas y revisiones de los legajos de diplomáticos, embajadores y cónsules para verificar si su postura coincide con la del presidente. La meta es asegurarse de que estos funcionarios actúen en línea con la visión libertaria de la administración. Además, la Cancillería evalúa reducir beneficios laborales, incluidos sueldos y viáticos para el personal diplomático, medida que ha comenzado a generar resistencia.
Reestructuración en ARCA y despidos en el exAFIP
En el ámbito de ARCA, el gobierno de Milei también ha anunciado importantes cambios. Tras el anuncio de disolución de la antigua AFIP y su transformación en ARCA, se proyecta un recorte del 45% de los cargos superiores, además de la desvinculación de 3,100 empleados. Esto ha generado una fuerte reacción en los trabajadores, quienes han realizado asambleas y apagones informáticos en señal de protesta. La principal queja de los empleados se centra en la pérdida de la "cuenta de jerarquización", un incentivo salarial vinculado a la recaudación mensual que, para algunos funcionarios, representa casi un segundo salario.
Aunque se han designado nuevas autoridades en ARCA, como Andrés Edgardo Vázquez al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) y José Andrés Velis en la Dirección General de Aduanas, aún no se ha presentado el nuevo organigrama oficial ni se han implementado los despidos. En la Casa Rosada se trabaja en una formulación legal para evitar el pago de indemnizaciones a los 3,100 empleados afectados, argumentando que su incorporación a la planta permanente en 2023 contravino restricciones de ampliación de la nómina estatal.
El gobierno sostiene que, en caso de concretarse la desvinculación, los empleados podrán percibir su sueldo durante 12 meses y tendrán la posibilidad de ser reubicados en otras dependencias públicas o buscar nuevas oportunidades en el sector privado. No obstante, la medida ha generado gran incertidumbre, y la Secretaría de Trabajo ha dictado una conciliación obligatoria de 15 días para contener el conflicto mientras se intenta llegar a un acuerdo.
Consecuencias para el personal de ambos organismos
La tensión en Cancillería y en ARCA refleja la política de Milei de implementar reformas estructurales con rapidez, orientadas a reducir el tamaño del Estado y asegurar una alineación ideológica con su administración. La revisión de la postura de los diplomáticos en votaciones internacionales y la eliminación de beneficios salariales para los empleados del sector público están generando resistencia, no solo dentro de los organismos afectados, sino también en sindicatos y agrupaciones laborales que temen que las medidas puedan ampliarse a otras áreas del Estado.
A corto plazo, estas reformas buscan reducir costos y mejorar la eficiencia de la administración pública, alineando las políticas internas y externas de Argentina con los intereses de la nueva administración. Sin embargo, los recortes y la pérdida de incentivos generan incertidumbre en el personal de carrera, mientras que el "patrullaje ideológico" en Cancillería plantea desafíos sobre el papel de los diplomáticos en la política exterior del país.
En este contexto, el gobierno de Milei enfrenta el reto de implementar estas medidas sin que el malestar entre los trabajadores se traduzca en mayores conflictos laborales y protestas, un desafío que probablemente marcará los próximos meses de su gestión.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
