Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: x @JMilei
La tensión entre el presidente Javier Milei y el sector empresario argentino escaló tras un reclamo inusual: las principales cámaras empresariales del país pidieron "respeto" luego de haber sido acusadas públicamente de ser parte de un sistema económico distorsionado. El hecho cobra especial relevancia a nivel internacional, ya que Milei sostiene un discurso abiertamente favorable al libre mercado y a la inversión privada.
Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el mandatario criticó con dureza a sectores industriales. Cuestionó precios elevados en productos nacionales y señaló privilegios adquiridos en décadas anteriores. "¿O acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero US$4000 cuando se paga US$1400?", expresó en referencia al conflicto con Techint, sin nombrarlo directamente. También apuntó al sector textil y al de neumáticos por los altos precios en el mercado interno.
Frente a estas declaraciones, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un comunicado en el que afirmó: "El empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas". Además, señaló que "en esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país".
En el mismo documento, la UIA destacó que el sector industrial representa el 19% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, aporta el 27% de la recaudación nacional y genera 1,2 millones de empleos directos. Si se contabilizan los indirectos, el impacto asciende a 3,6 millones de puestos de trabajo.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a firmas como Mercado Libre, Arcor, Techint y Pan American Energy, también se pronunció. En su comunicado señaló: "Desde AEA siempre hemos destacado el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas". Agregó que "para que dichas empresas puedan desempeñar plenamente su rol, es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía".
Ambas entidades reconocieron avances del Gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal y baja de la inflación. No obstante, advirtieron que la apertura económica requiere de condiciones claras y un marco estable para que las empresas puedan adaptarse sin perder competitividad.
En ese sentido, la UIA advirtió: "la transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato". Según su evaluación, las pymes enfrentan serias dificultades por el bajo nivel de actividad, la presión fiscal y las restricciones para acceder a financiamiento.
La postura del sector privado no rechaza de forma directa la política de desregulación oficial, aunque sí marca límites institucionales al discurso presidencial. Tanto la AEA como la UIA coincidieron en que un entorno de respeto mutuo es imprescindible para sostener el desarrollo económico, generar confianza y atraer inversiones a largo plazo.