Ciudad de México,
Francisco Vicario
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La administración de Javier Milei resolvió prorrogar por un año más la suspensión de las campañas institucionales de publicidad y comunicación con carácter oneroso, consolidando por tercer año consecutivo una política de ajuste en el gasto comunicacional del Estado.
Mediante la resolución 57/2025, firmada el 29 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete dispuso extender la medida a partir del 30 de diciembre de 2025. La decisión mantiene vigente la prohibición establecida inicialmente por el decreto 89/2023 y prorrogada en diciembre de 2024.
Desde el Poder Ejecutivo, la continuidad de la suspensión se fundamentó en la necesidad de sostener criterios de austeridad y eficiencia administrativa. El texto oficial sostiene que la medida favoreció el ordenamiento del gasto, fortaleció la gestión responsable de los recursos públicos y evitó el sobredimensionamiento del Estado nacional. La medida responde a dos pilares del gobierno de Milei: déficit fiscal cero y no deuda.
Asimismo, la resolución remarca que persiste un escenario que exige priorizar políticas consideradas esenciales frente a erogaciones en comunicación institucional. Bajo ese argumento, el Gobierno ratificó la decisión de mantener al Estado nacional fuera del mercado publicitario durante al menos un año adicional.
De acuerdo con la normativa vigente, la suspensión alcanza a todas las campañas institucionales de publicidad y comunicación con costo económico realizadas por la administración central. No obstante, se mantienen vigentes las excepciones previstas en el decreto 89/2023, referidas a publicidad obligatoria por ley, situaciones de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas.
Según el texto oficial, la prórroga constituye una herramienta "proporcional y razonable" orientada a profundizar los avances logrados en materia de optimización del gasto público. La Secretaría de Comunicación y Prensa quedó facultada como autoridad de aplicación y control, con capacidad para autorizar excepciones fundadas cuando las circunstancias lo requieran.
La decisión refuerza una política iniciada en diciembre de 2023, cuando el Gobierno dispuso por primera vez la suspensión total de la publicidad oficial paga por el plazo de un año. En ese momento, la medida fue presentada como parte de un esquema de emergencia administrativa y fiscal, en un contexto de restricción presupuestaria.
Con la nueva prórroga, el carácter transitorio de la suspensión queda desplazado por una lógica de continuidad. La reiteración de la medida consolida un esquema restrictivo en materia de comunicación institucional, con impacto directo en la planificación de campañas estatales y en la relación del Estado con el ecosistema mediático.
El marco normativo vigente también establece que cualquier modificación futura deberá ajustarse a los límites previstos en la Constitución y la legislación secundaria. Además, la resolución aclara que la vigencia de la prórroga rige desde la fecha de su suscripción, sin requerir actos administrativos complementarios.
La política de restricción comunicacional se inscribe en una estrategia más amplia de control del gasto público, en la cual la comunicación institucional paga continúa excluida del esquema presupuestario regular. De no mediar cambios normativos, la administración centrral permanecerá sin contratar publicidad oficial al menos hasta fines de 2026.