Foto: X @OPEArg
El presidente Javier Milei, en un movimiento político significativo, envió a la Cámara de Diputados de Argentina el ambicioso proyecto denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Presentado el 27 de diciembre de 2023 por la tarde, este proyecto solicita al Congreso declarar emergencia pública en varios sectores clave - económico, financiero, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifario, energético, sanitario, administrativo y social - hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de extenderse por dos años más bajo decisión ejecutiva.
Así, el proyecto, que amplía y detalla varias medidas ya esbozadas en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado la semana pasada por Milei, consta de 183 páginas y 664 artículos. Entre las propuestas más destacadas, se encuentran reformas impositivas significativas, la suspensión de la fórmula actual de actualización de los haberes jubilatorios y la autorización para imponer sanciones a las protestas públicas. Milei dijo, en caso de no aprobarse el DNU por el Congreso, llamaría a consulta popular. Diversas manifestaciones se hicieron por parte de ciudadanos en Argentina y en México, mediante un cacerolazo.
Una publicación en X, describe al megaproyecto, "con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos".
Una de las secciones más controvertidas del proyecto es la modificación propuesta al Código Penal de la Nación. Esta reforma busca imponer penas de prisión de uno a tres años y seis meses a quienes obstaculicen el funcionamiento normal de los transportes o servicios públicos esenciales, sin generar una situación de peligro común. La pena aumenta a dos a cuatro años si se llevan armas o se causan daños físicos durante la obstrucción del transporte público o privado. Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el megaproyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos
Además, el proyecto establece penas de prisión de dos a cinco años para quienes dirijan, organicen o coordinen manifestaciones que obstaculicen la circulación o el transporte, o causen lesiones personales o daños a la propiedad, independientemente de si están presentes o no en el evento.
Esta propuesta legislativa de Milei, firmada junto con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y los ministros del Ejecutivo, generó un debate significativo en el país. Las implicaciones de estas medidas en términos de derechos civiles y libertad de expresión son puntos críticos de discusión, especialmente en un contexto donde las protestas y manifestaciones son una forma común de expresión política y social en Argentina.
La respuesta del Congreso y de la sociedad civil ante este proyecto será determinante para el futuro político y social de Argentina, marcando potencialmente un cambio significativo en la gestión de las libertades públicas y la política económica del país con relación a gobiernos previos.
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