Foto: Youtube @Diputados.Argentina
El presidente Javier Milei logró mantener el veto a la ley de financiamiento universitario sancionada previamente por el Congreso, obteniendo el respaldo de un tercio de los presentes en la Cámara de Diputados. En la votación, que contó con 144 diputados, Milei reunió 84 votos gracias al apoyo de sectores clave como el espacio de Mauricio Macri, gobernadores aliados y algunos radicales que cambiaron de postura. Entre los gobernadores que contribuyeron se destacan Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca, quienes alinearon a varios de sus legisladores con el oficialismo, asegurando así el éxito de La Libertad Avanza.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, también aportó a la victoria oficialista. En un momento en que el veto parecía irreversible, uno de los legisladores de Vidal anunció su voto a favor de la voluntad presidencial.
Manuel Adorni, vocero presidencial, escribió en X, "el equilibrio fiscal es política de Estado: es absolutamente innegociable".
Anteriormente, el Congreso había aprobado la ley que buscaba recomponer los salarios de los trabajadores del sistema universitario nacional y asegurar su actualización mensual según la inflación. Sin embargo, Milei vetó la normativa argumentando su alto costo fiscal. Según el decreto presidencial, la implementación de la ley supondría un gasto adicional de más de 811.000 millones para 2024, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto menor, de 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI.
La oposición no logró revertir el veto
A pesar de los esfuerzos por parte de la oposición, que consiguió 160 votos, no logró revertir el veto. Hubo ocho ausencias y cinco abstenciones, entre ellas las de legisladores que responden al gobernador de Misiones, Hugo Passalaqcua, y del radical Pablo Cervi. Durante el debate, varios diputados de la oposición criticaron duramente al Gobierno. Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, advirtió: "Creen que ganan, pero en realidad pierden", señalando que la administración de Milei consolida una política de confrontación en lugar de buscar consensos.
Pichetto también puso en duda la estabilidad económica del país, sugiriendo que la falta de diálogo en el Congreso y la "fragilidad institucional" podrían desalentar inversiones. Otros legisladores, como Danya Tavela, autora de la ley vetada, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acusaron al gobierno de difundir mentiras y no tomar en cuenta las auditorías y revisiones financieras que sostendrían la viabilidad del proyecto.
Impacto del veto y los desafíos para Milei
Así, el veto de Milei generó divisiones profundas tanto dentro del Congreso como en la opinión pública. Mientras algunos legisladores oficialistas, como José Luis Espert y Mercedes Llano, defendieron la necesidad de controlar los gastos públicos y ajustar los mecanismos de financiamiento universitario, otros sostuvieron que este veto afecta directamente la educación pública. La discusión gira en torno a cómo priorizar los recursos del Estado, con posturas enfrentadas sobre el impacto de esta medida en el largo plazo.
Finalmente, la ley vetada planteaba recomponer los salarios de los docentes y no docentes, ajustando los presupuestos universitarios y hospitalarios con base en la inflación. El rechazo a esta normativa por parte del oficialismo refleja las tensiones entre la administración de Milei y quienes defienden el rol del Estado en la educación pública. Durante el debate parlamentario, quedó evidenciada las profundas diferencias, incluso entre la visión opositora al Ejecutivo.
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