Foto: Gobierno de Argentina
Un operativo coordinado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) permitió desarticular una presunta red de tráfico ilegal de migrantes en Mar del Plata. La acción, desarrollada en el contexto de los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, incluyó siete allanamientos simultáneos y finalizó con la detención de cuatro personas y el secuestro de armamento y documentación relevante para la causa.
Las diligencias judiciales se realizaron el 14 de noviembre de 2025 en seis domicilios de Mar del Plata, uno en Santa Clara del Mar y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, los detenidos son tres extranjeros nacionalizados —originarios de Túnez, Marruecos y Siria— y un ciudadano argentino. Además, se identificó a dos personas de nacionalidad turca que habrían ingresado al país con asistencia de esta organización.
Durante el operativo, la PNA incautó nueve armas de fuego —entre ellas un subfusil, un fusil de repetición, pistolas y carabinas—, más de 2.500 municiones, 4.000 fulminantes, cerca de 3,5 kilos de pólvora y más de 35 cuchillos. El valor estimado de los bienes secuestrados supera los 40 millones de pesos.
Los agentes también decomisaron dinero en pesos y dólares, dispositivos electrónicos, cámaras fotográficas y documentación vinculada a trámites migratorios. Entre estos últimos, se encontraron tarjetas asociadas a matrimonios y solicitudes de pasaporte, elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura criminal orientada al tráfico de inmigrantes.
Las autoridades confirmaron que los elementos recabados serán analizados para determinar la extensión de la red y su posible conexión con otras organizaciones similares. La causa continúa abierta y en etapa investigativa.
Este operativo se produjo meses después del anuncio oficial de una reforma migratoria, presentado el 14 de mayo de 2025 por el vocero presidencial Manuel Adorni. Según declaró durante una conferencia en Casa Rosada, el Gobierno pondrá en marcha la reforma a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. "Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular", afirmó Adorni.
La reforma contempla la prohibición de ingreso para personas con antecedentes penales y la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos, incluso si la pena no supera los cinco años. También se exigirá la presentación de un seguro médico válido al ingresar al país, y se impondrá el pago de servicios de salud a residentes transitorios, temporarios e irregulares.
En el ámbito educativo, el decreto habilitará a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los residentes temporarios. Los niveles inicial, primario y secundario continuarán siendo gratuitos. Según datos oficiales, la atención médica a extranjeros representa un gasto estimado de 114 mil millones de pesos anuales para el Estado.
La iniciativa fue anticipada por el presidente Javier Milei durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo de 2025. En esa ocasión, expresó: "Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero no puede permitirse ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos".
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