
Foto: x @AySA_Oficial
El agua que llega a millones de hogares de Buenos Aires está por cambiar de administrador, pero todavía existen preguntas sobre cuánto costará el servicio. Argentina seleccionó una oferta de 340,2 millones de dólares para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), aunque la transferencia aún requiere aprobación definitiva.
La compañía abastece de agua potable y presta servicios de alcantarillado a unos 14 millones de habitantes del área metropolitana de Buenos Aires. El Gobierno venderá el 90% de sus acciones, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores.
Esta operación forma parte de una estrategia para obtener divisas y afrontar vencimientos de deuda pública, pero también plantea interrogantes sobre tarifas e inversiones.
Quién comprará AySA y qué pasará con las tarifas
La oferta más alta corresponde a un consorcio integrado por Rowing, Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR B.V. El grupo superó una propuesta de 285 millones de dólares presentada por un competidor encabezado por Roggio.
El acuerdo establece una concesión inicial de 30 años, prorrogable por otros diez, junto con importantes compromisos de inversión para el futuro operador. El futuro operador deberá destinar aproximadamente 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años para mejorar infraestructura y ampliar servicios.
Las tarifas no quedarán congeladas, aunque las condiciones iniciales tampoco establecen un aumento general extraordinario al comenzar la concesión. Entre 2027 y 2031 funcionarán mecanismos de actualización relacionados con los costos operativos y el cumplimiento de objetivos de calidad.
Uno de ellos, denominado coeficiente K, permitirá ajustar los valores según determinados costos de prestación del servicio. Otro mecanismo, conocido como Factor C, podrá modificar las tarifas según los resultados alcanzados por el concesionario.
Por qué surgen dudas sobre el negocio
Walter Martello, defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, cuestionó una modificación en la clasificación territorial utilizada para calcular las facturas. Según su denuncia, ese cambio podría generar aproximadamente 93 millones de dólares adicionales por año para el futuro concesionario.
x @WalterMartello
El funcionario estimó que, en cuatro años, esos ingresos podrían alcanzar una suma comparable al precio ofrecido por las acciones. Sin embargo, se trata de una proyección cuestionada públicamente, no de ingresos efectivamente obtenidos ni de aumentos confirmados para todos los usuarios.
También existen interrogantes sobre las relaciones comerciales de los compradores, especialmente por la participación de Mauricio Filiberti, propietario de Transclor. Esa compañía suministra productos químicos utilizados por AySA, mientras Filiberti también mantiene vínculos empresariales con la distribuidora eléctrica Edenor.
Martello cuestionó además aportes electorales atribuidos a empresas relacionadas con integrantes del consorcio, sin que esos señalamientos constituyan irregularidades comprobadas.
Qué impacto tendrá en la economía argentina
El Gobierno esperaba recaudar inicialmente entre 450 y 500 millones de dólares, una cifra superior a la oferta finalmente seleccionada. Las autoridades relacionaron esa diferencia con las inversiones que deberá afrontar el operador para sostener y ampliar el servicio.
Los 340,2 millones de dólares aportarían recursos al Tesoro argentino, aunque representarían una fracción de los vencimientos de deuda previstos. Para 2027, las obligaciones soberanas en moneda extranjera rondan los 26.000 millones de dólares, según las estimaciones disponibles.
El efecto económico de largo plazo dependerá del cumplimiento de las inversiones, la evolución tarifaria y la supervisión de la concesión. Para los usuarios, la cuestión central seguirá siendo si el cambio de administración mejora el servicio sin imponer costos difíciles de afrontar.
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