Foto: X @yamilsantoro
En un contexto de creciente debate sobre la preparación académica de los representantes políticos en Argentina, un reciente proyecto de ley presentado por el legislador porteño Yamil Santoro de Republicanos Unidos, propone un cambio significativo en los requisitos para los candidatos del poder legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa exige la posesión del título secundario como condición mínima para integrar una lista electoral, marcando un precedente en la búsqueda de mejorar la calidad democrática y garantizar la idoneidad de los candidatos a cargos públicos.
La propuesta de Santoro responde a la polémica entre la diputada Natalia Zaracho con la canciller Diana Mondino. Santoro fundamenta su proyecto bajo la premisa de garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos por elección popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo, en línea con los principios democráticos y constitucionales.
Esta propuesta legislativa apunta a modificar artículos del Código Electoral para incorporar requisitos educativos obligatorios para los precandidatos. Santoro argumenta que la educación secundaria constituye una base indispensable para afrontar los retos del siglo XXI y contribuir al avance de una sociedad fundamentada en el conocimiento. Además, la norma proyectada estipula que no podrán ser precandidatos aquellos individuos con procesamiento firme por delitos de lesa humanidad o acciones contra las instituciones democráticas.
El proyecto también pone énfasis en la necesidad de regular el proceso de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos, estableciendo requisitos claros y precisos para su presentación. Esta propuesta legislativa despertó un amplio debate y está previsto su discusión en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reflejando el interés creciente por fortalecer los cimientos de la representación democrática en el país. Entre otras cosas, la oposición acusó a Mondino de "clasista" por sus dichos.
Así, la iniciativa de Yamil Santoro de exigir título secundario es una respuesta a las controversias recientes sobre la formación académica de algunos políticos, sugiriendo un camino hacia una mayor transparencia y competencia en el ámbito político. Con esta medida, se busca asegurar que los futuros legisladores posean una educación formal que respalde su capacidad de legislar de manera efectiva.
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