Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una herramienta judicial poco frecuente quedó en el centro del debate argentino y puede definir el destino inmediato de una reforma laboral ya aprobada. El Gobierno presentó un per saltum ante la Corte Suprema para intentar desactivar la suspensión que mantiene congelados varios artículos de esa ley.
El recurso fue presentado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La solicitud busca que el máximo tribunal intervenga sin esperar una sentencia de segunda instancia y revise de forma urgente el caso.
Como recurso excepcional, el per saltum permite llevar un expediente directamente al tribunal superior. Su uso está reservado para causas federales con gravedad institucional y para escenarios donde una demora pueda causar daños difíciles de reparar.
Esa es la vía elegida por el Ejecutivo después de que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda suspendiera artículos centrales de la Ley 27.802. La medida cautelar, todavía vigente, frenó cambios sobre indemnizaciones, huelga, convenios colectivos, vacaciones, trabajo en plataformas digitales y representación sindical.
La causa comenzó por una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, que pidió declarar inconstitucional varios puntos de la norma. Entre sus argumentos, sostuvo que la ley afectaba derechos vinculados con la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
Frente a ese escenario, el Gobierno sostuvo que el caso excede a las partes involucradas y compromete el funcionamiento institucional del Estado. En el escrito enviado a la Corte afirmó que el fallo judicial "compromete instituciones básicas del sistema republicano" al suspender una ley aprobada por el Congreso.
También advirtió que la medida produce efectos generales y altera la vigencia de una norma nacional en todo el territorio argentino. La presentación agregó que existe "gravedad institucional y trascendencia del tema planteado" por tratarse de un proceso colectivo con alcance nacional.
Otro punto clave del recurso es el pedido de efecto suspensivo sobre la cautelar mientras la Corte analiza la admisibilidad del per saltum. La Procuración del Tesoro argumentó: "Cada día que transcurre en vigencia la cautelar impugnada torna absolutamente irreparable el daño que se genera a nivel nacional".
El expediente sumó además una disputa sobre qué fuero debe intervenir en el caso, un punto relevante para entender la urgencia oficial. El 10 de abril, un juzgado contencioso administrativo federal aceptó un planteo de inhibitoria y reclamó el expediente, aunque la suspensión siguió vigente.
Si la Corte acepta tratar el per saltum, no resolverá de inmediato todo el fondo del conflicto, pero sí definirá una instancia decisiva. Su intervención podría acelerar una respuesta sobre la validez de la cautelar y sobre el alcance de una reforma que sigue parcialmente detenida.
Por ahora, continúan sin aplicación artículos referidos a despidos, cálculo de indemnizaciones, límites a asambleas, banco de horas y vacaciones fraccionadas. También siguen en pausa disposiciones sobre trabajadores de plataformas y cambios en convenios colectivos, dos de los puntos más observados dentro y fuera del país.
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