Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Prensa Diputados
Con una propuesta de alto impacto político y sindical, el Gobierno nacional presentaría este martes 9 de diciembre el proyecto de reforma laboral ante los miembros del Consejo de Mayo. La iniciativa busca ser incluida en las sesiones extraordinarias que se extenderán del 10 al 30 de diciembre, y forma parte del paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento urgente.
El texto definitivo contiene una serie de modificaciones al régimen laboral vigente, entre ellas la reducción de aportes patronales, la revisión del sistema de indemnizaciones, nuevas reglas para licencias y vacaciones, y la posible incorporación de fondos de asistencia al despido. También se incluyen medidas dirigidas a limitar los aportes sindicales, un punto que generó resistencia inmediata por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Dentro de los artículos más disputados se encuentra la propuesta de condicionar el pago de las cuotas solidarias a la conformidad expresa del trabajador. Estas cuotas representan uno de los principales mecanismos de financiamiento gremial, ya que se aplican a todos los empleados de un convenio, sin necesidad de afiliación. El texto indica: "Siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes", lo que modificaría el rol del empleador como agente de retención automático.
Este punto había sido eliminado tras reuniones entre la CGT, el asesor Santiago Caputo y funcionarios del Ejecutivo. No obstante, el fin de semana anterior a la presentación, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, insistió en su reincorporación y recibió apoyo de la senadora Patricia Bullrich. Esta decisión volvió a tensar el vínculo entre el oficialismo y los gremios.
Además del financiamiento sindical, la reforma plantea un rediseño del sistema indemnizatorio. Se busca reducir lo que algunos sectores empresariales consideran "costos excesivos" al momento de despedir. En ese sentido, se propone trasladar al trabajador la carga de la prueba en casos de reclamos por daños y perjuicios.
Paralelamente, el texto incorpora la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una porción de los aportes previsionales patronales, que podrá destinarse al pago de indemnizaciones. Según lo publicado por el sitio especializado Blog del Contador, "la administración de los FAL estará sometida a controles de ARCA, CNV, ANSES y el Ministerio de Capital Humano".
El oficialismo considera que estas modificaciones permitirán fomentar la creación de empleo, especialmente en regiones con menor desarrollo. Asimismo, se plantean mecanismos para flexibilizar convenios colectivos por zona geográfica, tema que también fue cuestionado por el sindicalismo.
La reforma también incluye artículos que endurecen la regulación sobre bloqueos a empresas y limitan las asambleas como forma de protesta, al considerarlas potenciales prácticas desleales si interrumpen la actividad laboral. Otro cambio relevante se relaciona con la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos, cuya vigencia podría quedar sujeta a revisión por parte de la Secretaría de Trabajo.
El tratamiento parlamentario dependerá de las negociaciones entre los distintos bloques, en un escenario marcado por la fragmentación política y la necesidad del oficialismo de construir consensos para avanzar. El proyecto se debatiría en los próximos días dentro del marco de las sesiones extraordinarias.