Fin del Estatus de Protección Temporal para venezolanos en EE.UU. obliga a miles a explorar vías legales como asilo, visa U o residencia por matrimonio.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta para que el gobierno de Donald Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos venezolanos, dejando en incertidumbre a más de 350 mil personas. Esta resolución afecta principalmente a quienes recibieron el beneficio bajo la designación de 2023, sin modificar de momento la protección otorgada en 2021, vigente hasta septiembre.
Durante el proceso legal, abogados vinculados al caso explicaron que el alcance inmediato de la decisión no fue claramente especificado por el tribunal. Emi MacLean, representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, afirmó: "No hay nada en la orden de la Corte Suprema que prevea ningún retraso en su aplicación".
En este contexto, organizaciones como la Alianza Nacional TPS y American Venezuelan Caucus recomiendan buscar asesoría legal especializada para evaluar cada situación de forma individual. Elizabeth Uribe, abogada experta en inmigración, destacó tres caminos legales que podrían ofrecer alternativas ante la pérdida del TPS: solicitud de asilo, trámite de residencia mediante vínculo matrimonial, y aplicación a la visa U para víctimas de delitos.
Una vía posible consiste en presentar una solicitud de asilo. Este recurso está disponible para personas que enfrentan persecución o riesgo de ella por motivos relacionados con raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinados grupos sociales o políticos. Existen dos modalidades de asilo: afirmativo, dirigido a quienes no se encuentran en proceso de expulsión, y defensivo, utilizado cuando la persona debe presentarse ante un juez de inmigración.
Por otra parte, el segundo escenario involucra la posibilidad de solicitar la residencia permanente, en caso de estar casado con un ciudadano estadounidense o con una persona con residencia legal. En situaciones similares, la legislación federal exige que el solicitante obtenga primero una autorización de permanencia condicional. Ese procedimiento puede implicar la salida del país para su validación.
También, existe una tercera opción para quienes han sido víctimas de delitos en territorio estadounidense. La visa U permite a estas personas acceder a un estatus de no inmigrante destinado a proteger a quienes colaboran con las autoridades en investigaciones o procesos penales. La abogada Uribe señaló que esta opción no se ajusta a todos los casos y posee un límite anual de 10,000 otorgamientos.
Cualquier decisión sobre el uso de estos mecanismos requiere evaluación legal personalizada, dada la complejidad del entorno migratorio actual. Las organizaciones defensoras continúan examinando posibles excepciones dentro del fallo que podrían resguardar a algunos beneficiarios, aunque no se han confirmado elementos concluyentes al respecto.
Mientras persisten los análisis legales, miles de ciudadanos venezolanos permanecen en un limbo migratorio. La recomendación de expertos en derecho migratorio es iniciar cuanto antes la revisión de alternativas jurídicas disponibles, para evitar la posibilidad de deportación sin previo aviso.
Esta coyuntura refleja la urgencia de comprender los instrumentos legales existentes ante cambios en las políticas migratorias. La disponibilidad de asesoría especializada resulta clave para quienes enfrentan procesos que pueden determinar su permanencia o salida del país.