Foto: Josue Díaz (NotiPress/Composición)
Doral, una ciudad de Florida donde cerca del 70% de la población es de origen latino y más del 35% proviene de Venezuela, se ha convertido en un nuevo foco de la política migratoria federal tras la aprobación de un acuerdo que permite a su Policía local colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La decisión, tomada por unanimidad el 16 de abril de 2025 por el Ayuntamiento, ha generado preocupación entre residentes e integrantes de la comunidad venezolana, la más numerosa del municipio.
Según datos recientes del American Community Survey (2019-2023), Doral cuenta con 76.490 habitantes. De ellos, el 71% nació fuera de EE.UU. y un 66,5% de ese grupo proviene de América Latina. Particularmente, se estima que 27.000 inmigrantes son venezolanos, lo que sitúa a Doral como la ciudad con mayor concentración de venezolanos en el país.
El acuerdo aprobado se enmarca dentro del programa federal 287(g), el cual permite a policías locales asumir funciones migratorias, como interrogatorios y detenciones por infracciones a las leyes migratorias. Aunque los funcionarios expresaron su pesar, argumentaron que están obligados a cumplir con la legislación estatal. "Todos somos inmigrantes... pero juramos defender la ley", dijo el fiscal municipal Lorenzo Cobiella durante la sesión.
La medida ha generado rechazo en parte de la comunidad. Adelys Ferro, presidenta del American Venezuelan Caucus, señaló que este cambio "destruye la confianza" entre residentes y autoridades. "La Policía está aquí para proteger y servir, no para discriminar ni deportar", afirmó.
En contraste, autoridades locales han insistido en que no se buscará criminalizar la inmigración sin motivos judiciales. El concejal Rafael Pineyro aseguró que el acuerdo "está destinado a atacar a personas que han cometido delitos". La vicealcaldesa Maureen Porras y la alcaldesa Christi Fraga coincidieron en que las funciones policiales continuarán con normalidad y sin enfoque discriminatorio.
El jefe policial Edwin López explicó que solo si, durante una investigación por delitos graves, se detecta una situación migratoria irregular, se procederá conforme a la ley. Aun así, residentes como Amanda Sherlock advirtieron que estas medidas pueden hacer que la comunidad tema colaborar con las autoridades. "No vamos a mejorar la vida de los residentes convirtiendo a la Policía en miniagentes de ICE", declaró.
La aprobación del acuerdo en Doral ocurre en paralelo con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, incluyendo intentos por suspender programas de protección como el Estatus de Protección Temporal (TPS), todavía vigente por litigios judiciales.
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