El Gobierno argentino despide a 60 funcionarios en medio de sospechas por filtración de datos sobre la causa judicial en torno a YPF
Más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN) fueron despedidos por el Gobierno argentino, en el contexto de una reestructuración institucional iniciada este mes. Las desvinculaciones se producen en paralelo a versiones sobre presuntas filtraciones de datos sensibles vinculados al juicio internacional por la expropiación de YPF.
Las medidas fueron impulsadas por la actual administración de la PTN, presidida por Santiago Castro Videla, quien asumió en febrero de 2025. Desde entonces, el organismo redujo su planta en más de un 20% y eliminó dos Direcciones Nacionales, pasando de seis a cuatro. También disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por un centro de formación con menos de un tercio del personal anterior.
Aunque desde la Casa Rosada trascendieron sospechas sobre la presunta venta de información relacionada con causas de alta sensibilidad, el organismo no hizo mención a este tema en su comunicado oficial. En el texto, la PTN informó que "pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
En el mismo documento, el organismo explicó que la medida incluye un "recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas", con el objetivo de "fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos".
También se indicó que se eliminan "lujos jerárquicos" y se reorganizan funciones para evitar superposiciones. "Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas", detalló la Procuración.
Las modificaciones incluyen también un nuevo esquema de ahorro en comitivas y gastos oficiales. Según el organismo, estas decisiones reflejan "una gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos".
Fuentes gubernamentales señalaron a Infobae que en las últimas semanas se incrementó la preocupación por la aparición de información judicial reservada en manos no autorizadas. Aunque no se confirmó oficialmente, en círculos cercanos al Ejecutivo se interpreta que estas filtraciones podrían haber afectado la estrategia argentina en litigios internacionales.
Respecto a las causas que motivaron los despidos, no se ofrecieron detalles sobre qué tipo de archivos o datos habrían sido comprometidos. Según versiones extraoficiales, los datos podrían haber sido transferidos a partes interesadas en los procesos judiciales contra el Estado.