Mañana la Corte de Apelaciones de Nueva York decidirá si Argentina paga el juicio por YPF con acciones, otros activos o mantiene la suspensión
Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá un punto decisivo en el litigio por la estatización del 51% de YPF: si mantiene en suspenso la orden de entregar las acciones de la petrolera como forma de pago, si obliga a Argentina a depositarlas, o si permite sustituirlas por otros activos.
La disputa, que se originó por no realizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de YPF tras su reestatización en 2012, tiene una condena de 16,100 millones de dólares, a los que se suman más de 2 millones diarios en intereses. La jueza Loretta Preska determinó en junio que el pago podía concretarse con el 51% de las acciones que el Estado posee.
Entre las tres opciones que evaluará la Corte se encuentra la posibilidad de conceder la cautelar solicitada por el Gobierno argentino para mantener el traspaso en suspenso; ordenar la ejecución inmediata de las acciones; o permitir el pago con otros activos, como bonos de mediano o largo plazo. Si se rechaza la suspensión total, el país podría negociar con los acreedores o enfrentar riesgos de desacato, con posibles embargos a reservas del Banco Central o activos de YPF.
Según una encuesta de Poliarquía Consultores, el 65% de los argentinos considera que el Gobierno debería negociar un acuerdo con reducción del pago, mientras que un 25% prefiere desconocer el fallo. Solo un 5% apoya pagar la sentencia tal como está o continuar las apelaciones.
El caso involucra a Burford Capital, firma que financia litigios y adquirió en 2015 el derecho a gestionar la demanda de los acreedores tras la quiebra del Grupo Petersen y de Eton Park, que habían sido el segundo y tercer mayor inversor de YPF. Según el acuerdo, el 70% de lo cobrado irá a Burford y el 30% a la quiebra de Petersen, que distribuirá los fondos entre sus acreedores.
Este juicio, con implicaciones económicas e institucionales, se desarrolla en Nueva York debido a que la privatización original de YPF en 1993 incluyó compromisos bajo leyes y regulaciones del mercado de capitales estadounidense.