
Foto: YPF
Un fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La medida responde a la demanda iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park, tras considerar que el país no respetó los estatutos de la compañía durante el proceso de nacionalización.
La empresa estatal tiene una larga historia de tire y afloje que la ha llevado a manos de privados para nuevamente estatizarse. Durante la presidencia de Carlos Menem, la petrolera pasó a ser una sociedad anónima privada. Luego, en abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunció la intervención de YPF en un acto oficial en la Casa Rosada. "No es de estatización, sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos", expresó la entonces presidenta. La intervención generó reacciones diversas en medios nacionales e internacionales y desencadenó acciones legales por parte de los accionistas minoritarios.
La causa judicial se centró en el incumplimiento del procedimiento previsto en el estatuto de YPF, particularmente en la omisión de una oferta pública a los accionistas minoritarios. Burford Capital adquirió los derechos de litigio y llevó adelante el juicio en Estados Unidos, estrategia que derivó en la condena contra el Estado argentino.
Según estimaciones judiciales, la sentencia equivale a más de USD 17.000 millones, cifra que incluye intereses acumulados desde el inicio del proceso. Los abogados de Burford solicitaron medidas complementarias, como el embargo de activos y la transferencia directa de acciones como forma de resarcimiento.
El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno apelará la decisión. "Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF", escribió en su cuenta oficial de X. La presentación del recurso suspendería temporalmente la ejecución del traspaso accionario, con un plazo estimado de hasta 18 meses.
Por su parte, Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, defendió su rol en la estatización y criticó la reacción presidencial. "Una jueza de los Estados Unidos acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre", afirmó en sus redes sociales.
El litigio expone diferencias políticas internas y reactiva el debate sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la estatización. La transferencia de las acciones no será inmediata, dado que el proceso contempla instancias de apelación y posibles negociaciones entre las partes involucradas.
Según declaró Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a Infobae: "Desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propietario no es el Gobierno, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford, y listo".
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