El debate por la seguridad de dirigentes políticos se intensifica tras las acusaciones cruzadas por el asesinato de Miguel Uribe Turbay en Colombia
Tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se desató un enfrentamiento político y judicial entre el expresidente Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación. La controversia se intensificó tras las declaraciones cruzadas sobre las causas del crimen y las responsabilidades que rodean este hecho.
Uribe, durante los homenajes realizados en distintas regiones del país en memoria del dirigente asesinado, aseguró: "El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno, que se convertían en invitaciones, por lo menos implícitas, para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir". Con esta afirmación, responsabilizó al Gobierno de haber contribuido al clima que desembocó en el ataque.
La reacción del presidente Petro fue inmediata y en un pronunciamiento público, pidió a Uribe que "deje de sembrar odio". En el mismo mensaje expresó: "su deber es, como condenado, no sembrar más rupturas de convivencia. Usted llamó al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en Estados Unidos, en verdadera actitud de sedición, yo le respondí protegiéndolo a usted y su familia". El mandatario también afirmó: "defender posiciones y decir la verdad no es oprobio" y advirtió al expresidente que "no trate de silenciarme, ya lo intento por décadas".
Además, Petro hizo una afirmación que fue interpretada en contraste con lo dicho por el ente investigador: "ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay les atentaron por razones politicas". La Fiscalía, desde el 20 de junio, había sostenido una posición distinta a la del actual presidente. La fiscal general Luz Adriana Camargo manifestó entonces que "no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto. No tenemos referencias de amenazas en su contra, de problemas personales u otro delito que podría motivar ese atentado tan planeado".
Julio César Triana, congresista y representante por Cambio Radical y también víctima de un atentado semanas antes en el departamento del Huila, respondió directamente a la declaración del presidente. Triana señaló: "definir la motivación de los hechos de violencia, como el que viví yo el pasado miércoles (13 de agosto) en una región del departamento del Huila o el vil asesinato del doctor Miguel Uribe Turbay, le corresponde es a la rama judicial, en este caso al ente investigador, que es la Fiscalía General de la Nación".
También destacó: " lo que esperamos del Gobierno Nacional es que adelante acciones. Primero para proteger a la oposición y permitirnos dar el debate y las críticas en medio de la contienda política, y segundo para devolverle la seguridad a los colombianos".