Foto: X @LegadoUribeVel
El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay podría ser declarado crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión, anunciada en una reciente audiencia, significaría que la investigación no prescriba y se mantenga abierta hasta esclarecer a todos los responsables.
De acuerdo con la Fiscalía, no se trató de un ataque aislado, sino de un hecho con motivación política y dirigido contra un líder de la oposición, en este caso del Centro Democrático. Esta calificación colocaría el caso al mismo nivel que otros magnicidios históricos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyas investigaciones siguen activas décadas después.
En el derecho penal colombiano, un crimen de lesa humanidad es una conducta grave cometida como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Basada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, esta figura contempla actos como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, deportaciones, violencia sexual y desplazamientos forzados. Para que se configure, debe existir un contexto de ataque masivo y una intención de causar sufrimiento o eliminar a un grupo específico por razones políticas, étnicas, religiosas o similares.
Las implicaciones legales son contundentes: estos delitos no prescriben, lo que permite investigarlos y juzgarlos sin límite de tiempo, y pueden ser procesados tanto en tribunales nacionales como internacionales. Aunque en Colombia el término "magnicidio" no está contemplado de forma expresa, este tipo de crímenes se considera de máxima gravedad.
En el caso de Uribe Turbay, la Fiscalía ya procesó a cuatro implicados por homicidio agravado, entre ellos alias "el Costeño" (autor intelectual), alias "Claro", alias "Andrea" o "Gabriela" (quien habría entregado el arma al sicario) y Cristian Camilo González (conductor de la motocicleta utilizada para escapar). Además, se imputó concierto para delinquir a dos de los detenidos. Las penas por estos delitos van de 33 a 50 años de prisión.
Colombia ha aplicado esta figura en otros casos emblemáticos: el asesinato de Luis Carlos Galán (1989, reconocido como crimen de lesa humanidad en 2016), el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado (1995, con igual calificación en 2019), la masacre de Mapiripán (1997, perpetrada por paramilitares) y los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales desde el 2000, investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz).
Si la calificación de crimen de lesa humanidad se confirma para el caso de Miguel Uribe Turbay, la investigación permanecerá abierta hasta que se identifique y procese a todos los involucrados, garantizando que un crimen de tal gravedad no quede en la impunidad.
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