Tropas federales llegan a Chicago mientras Trump considera usar una ley de 1807, reavivando el debate sobre poder militar dentro del país
Un contingente de la Guardia Nacional se encuentra listo para movilizarse hacia Chicago este 8 de octubre. La operación contempla el ingreso de 500 efectivos, entre ellos 200 asignados por el estado de Texas. El despliegue representa una nueva intervención federal en centros urbanos liderados por autoridades demócratas.
Durante la noche del 7 de octubre, unidades militares permanecían en la localidad de Elwood, ubicada a 88 kilómetros al suroeste de Chicago. La ciudad, con una población superior a los dos millones y medio de habitantes, se sumaría a Los Ángeles y Washington. Dichas urbes estan sujetas a presencia militar desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump.
Los operativos federales se realizan bajo el argumento de una supuesta emergencia en materia de seguridad pública. Sin embargo, las autoridades locales señalan que las cifras no respaldan ese diagnóstico. Reportes del Departamento de Policía de Chicago indican una disminución del 28% en homicidios durante el presente año, y del 50% respecto a los registros de hace cuatro años.
Chicago ha sido identificada como una ciudad santuario. Entre sus normativas se encuentra la prohibición de utilizar recursos municipales en apoyo a acciones migratorias federales. Esa política fue desafiada en septiembre mediante la operación Midway Blitz, conducida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta la fecha, se reporta la detención de más de mil personas, en su mayoría migrantes de origen latinoamericano.
Bajo el marco de esas redadas se produjeron manifestaciones. Al menos 30 individuos enfrentan cargos federales por participar en actos de protesta. Un incidente adicional ocurrió el 4 de octubre, cuando agentes federales dispararon contra una ciudadana estadounidense. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios respondieron a una situación en la cual fueron rodeados por varios vehículos.
Así, los registros visuales de los operativos, difundidos por redes sociales, muestran detenciones con uso de fuerza y dispersión de manifestantes mediante agentes químicos. En uno de los casos se documentó el fallecimiento de un detenido identificado como Silverio Villegas.
La respuesta de los gobiernos locales no se hizo esperar. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, interpusieron una demanda ante una corte federal. Solicitan la suspensión del despliegue militar y se apoyan en una decisión previa del estado de Oregon, donde se logró una medida cautelar similar. La jueza April Perry rechazó inicialmente el recurso, pero pidió al Ejecutivo federal retrasar la movilización hasta el 9 de octubre, a fin de contar con la respuesta del Departamento de Justicia.
Paralelamente, el presidente Trump se refirió a la posibilidad de aplicar la Ley de Insurrección, vigente desde 1807. Esta norma permite el uso de fuerzas armadas en el cumplimiento de funciones civiles en situaciones excepcionales. Al ser consultado el 7 de octubre, respondió: "Si el gobernador no puede hacer el trabajo, nosotros haremos el trabajo. Todo es muy simple".
De concretarse, sería la primera vez desde 1992 que dicha ley se activa en territorio nacional. Ese año, el expresidente George H. W. Bush la utilizó durante los disturbios en Los Ángeles.