Congresistas y expertos cuestionan el posible aumento de impuestos en Colombia bajo la figura de emergencia económica que prepara el Gobierno de Petro
El anuncio de una posible emergencia económica en Colombia reactivó una fuerte disputa entre el Congreso y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a raíz del fracaso de la ley de financiamiento para 2026. La iniciativa, que permitiría emitir decretos con fuerza de ley, generó resistencias por su impacto fiscal, cuestionamientos constitucionales y el momento político elegido.
Tras el rechazo del 9 de diciembre de 2025, el proyecto para recaudar $16 billones y cubrir el déficit del próximo año fue archivado por las comisiones económicas del Congreso. En respuesta, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el Ejecutivo alista un decreto para declarar la emergencia económica, con posible emisión el 19 de diciembre. "Vamos a procurar que a través de la emergencia económica, y los decretos reglamentarios, se tomen las medidas tributarias para compensar esos dineros faltantes", expresó.
El borrador del decreto plantea modificaciones tributarias que entrarían en vigor en 2026, entre ellas el aumento del gravamen a los movimientos financieros del 4x1.000 al 5x1.000, y nuevos esquemas impositivos sobre el consumo de licores, vinos y cigarrillos. En el caso de aprobarse, estas medidas impactarían a consumidores, empresas y el sistema bancario. El documento también propone un componente específico y uno ad valorem para productos alcohólicos, y ajustes al tributo sobre cigarrillos, excluyendo únicamente los de producción artesanal.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), criticó la medida: "No hay razones para decretar una emergencia económica". A su juicio, el Gobierno debería considerar recortes o ajustes presupuestales antes de adoptar mecanismos excepcionales.
En redes sociales, el presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa señalando que está dirigida a quienes tienen mayor capacidad económica. "Pero a usted Ciro y a sus megarricos. La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas", respondió al senador Ciro Alejandro Ramírez. En otro mensaje dirigido al representante Andrés Forero, añadió: "No me interesa la jugadita, han terminado por encarecer duramente el endeudamiento de Colombia".
Desde el Congreso, varias voces expresaron su rechazo. La senadora María Fernanda Cabal escribió: "No existe hechos sobrevinientes que respalden esa declaratoria". El representante Forero sostuvo que la medida fue diseñada para ser publicada durante la vacancia judicial: "Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional".
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, afirmó que la propuesta busca trasladar el costo del déficit a la ciudadanía. "El regalo de navidad del gobierno es clavarnos una tributaria de $16 billones de nuevos impuestos por decreto", escribió en X. En la misma línea, la representante Katherine Miranda advirtió: "Por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional, es un abuso".
El contenido del decreto aún no fue oficializado, y podría sufrir algunos ajustes. Sin embargo, su sola posibilidad ha dejado al descubierto una grieta política en torno a la gestión fiscal, la legalidad de los decretos y el alcance de las facultades extraordinarias del Ejecutivo.