Foto: Presidencia Colombia
Durante el actual mandato presidencial en Colombia, las declaraciones de emergencia han sido utilizadas para enfrentar problemáticas vinculadas con la salud pública y el acceso a servicios esenciales. Esta práctica quedó evidenciada en dos momentos clave: en julio de 2023 con una emergencia económica en La Guajira, y en abril de 2025 por un brote de fiebre amarilla.
El 15 de abril de 2025, el presidente Gustavo Petro informó sobre la declaratoria de emergencia sanitaria y económica en Colombia. La decisión fue motivada por la aparición de 74 casos confirmados de fiebre amarilla y el fallecimiento de 34 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. "Tenemos 74 casos confirmados de fiebre amarilla en el país, con 34 fallecimientos", declaró Petro durante el anuncio. Esta enfermedad transmitida por un mosquito se concentró principalmente en el departamento de Tolima. El jefe del Ejecutivo aseguró que la medida busca "proteger la vida" de la población.
Además de la declaración oficial, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la respuesta institucional ante el brote. Las autoridades sanitarias reiteraron la necesidad de completar esquemas de vacunación y reforzar la vigilancia epidemiológica en zonas con riesgo de contagio.
Previamente, en julio de 2023, el Gobierno de Colombia había decretado una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Entre los objetivos, se incluyó garantizar el acceso al agua potable, salud, alimentación y educación. En palabras del presidente: "Queremos que en La Guajira exista un sistema preventivo de salud pública, que se haga un Instituto de Aguas". También se anunció la implementación de subsidios para el consumo eléctrico y la exención del IVA para el turismo en la región.
Sin embargo, en octubre del mismo año, la Corte Constitucional declaró inexequible este estado de emergencia. El fallo señaló que las problemáticas invocadas no eran eventos sobrevinientes sino situaciones estructurales de larga duración. Según el alto tribunal, "los hechos invocados por el Gobierno no se ajustaban a la definición de ‘hecho sobreviniente’ exigida por la Constitución".
Ambos episodios muestran que durante el mandato de Petro, las herramientas legales disponibles han sido movilizadas frente a crisis en salud y condiciones sociales. La emergencia por fiebre amarilla respondió a un brote epidémico de rápida evolución, mientras que el caso de La Guajira fue relacionado con necesidades estructurales en un departamento históricamente afectado por la pobreza y la falta de servicios.
La utilización de estas declaratorias de emergencia ha estado sujeta a revisión jurídica, especialmente cuando se trata de emergencias justificadas por condiciones preexistentes. Así lo evidenció la decisión de la Corte en 2023, que invalidó el decreto presidencial relacionado con La Guajira.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
