Miles de civiles enfrentan riesgos de confinamiento y desplazamiento en una región clave marcada por el conflicto y la ausencia de atención médica
Más de 250 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares en la región del Catatumbo tras una escalada en los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, disidencia de las FARC. La situación se desarrolla en el noreste del país, en una zona fronteriza estratégica donde comunidades quedaron atrapadas en fuego cruzado, sin acceso a servicios médicos ni garantías de seguridad.
Desde el 25 de diciembre, autoridades locales y organismos internacionales reportaron un aumento de la violencia en municipios como Tibú y El Tarra. Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), las hostilidades pusieron en riesgo de confinamiento y desplazamiento a más de 6.000 personas, particularmente en el corregimiento de Pachelly. El NRC activó una respuesta de emergencia para proveer techo, agua potable, alimentos y protección.
En Cúcuta se registró el arribo de 54 núcleos familiares, unas 200 personas desplazadas, mientras que otras 11 familias llegaron a Ocaña, de acuerdo con datos de autoridades regionales.
La actual emergencia se suma a una serie de eventos registrados durante 2025. En enero, el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, denunció que el ELN había ejecutado ataques premeditados en la región y ordenó la evacuación de más de 400 personas, incluidos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. En agosto, el presidente ordenó el despliegue de 25 mil soldados en la frontera con Venezuela para combatir a los grupos armados ilegales y reforzar la presencia estatal. Ambos hechos marcaron un año de alta conflictividad y medidas excepcionales por parte del Estado.
Francia Márquez, vicepresidenta del país, expresó en su cuenta oficial de X: "Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos".
La situación es especialmente crítica en La Gabarra, corregimiento del municipio de Tibú. Según la Defensoría del Pueblo, un grupo de habitantes permanece refugiado en una escuela rural, sin posibilidad de evacuación por artefactos explosivos y bloqueos armados. Iris Marín, Defensora del Pueblo, escribió: "Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra - Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona".
Una ambulancia que intentó llegar al hospital de Tibú debió regresar tras encontrar un retén armado, según reportó la entidad. La Defensoría informó que la emergencia fue discutida con instituciones estatales para activar protocolos de protección.
De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), más de 200.000 personas resultaron afectadas por la violencia armada en la región durante 2025, lo que representa el 53% de la población del Catatumbo.
El Ejército Nacional desplegó tropas el 25 de diciembre para contener los enfrentamientos, y las autoridades convocaron un Consejo de Seguridad para el 26 de diciembre en Tibú. Los organismos de derechos humanos insisten en el respeto al principio de distinción y en la habilitación de corredores humanitarios para garantizar atención a la población civil.