Extradiciones, drones explosivos y violencia política marcaron un año donde el crimen organizado operó con alcance territorial
Durante 2025, varios episodios de alto impacto vinculados al crimen organizado, redes criminales y conflictos territoriales marcaron la agenda nacional de seguridad. Extradiciones históricas, asesinatos de autoridades, atentados con explosivos y alianzas entre grupos delictivos expusieron la capacidad operativa de las organizaciones criminales en distintas regiones del país.
Uno de los primeros hechos más llamativos ocurrió el 27 de febrero, cuando el gobierno mexicano entregó a 29 personas buscadas por delitos graves. Entre ellas figuraron el llamado "narco de los narcos" Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales. Una segunda entrega, realizada el 12 de agosto, elevó el total anual a 55 extraditados, incluyendo a La Tuta, líder de "Los Caballeros Templarios" y El Cuini, el cerebro financiero de "Los Cuinis". Las operaciones se llevaron a cabo bajo la Ley de Seguridad Nacional.
Igualmente, ese mismo mes, Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permitió ampliar acciones legales y sanciones financieras. En el listado se incluyeron el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
En marzo, Guerreros Buscadores sacó a la luz uno de los hallazgos más macabros de la historia de México. El colectivo halló una gran cantidad de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El sitio fue vinculado a prácticas de reclutamiento del CJNG, lo que generó mayor presión pública por parte de familiares de personas desaparecidas.
Para el mes de mayo despertó la violencia política, Ximena Guzmán y José Muñoz, integrantes del equipo de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, fueron asesinados en Calzada de Tlalpan. La Fiscalía detuvo a 13 personas vinculadas con el crimen, sin que se esclareciera el móvil.
En septiembre la violencia apuntó contra artistas luego de del hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, músicos colombianos desaparecidos en Polanco. El cártel de Ciudad de México, la Unión Tepito, fue señalado como el principal responsable. Y si se trata de narcotráfico, ese mismo mes, fue detenido en Paraguay y extraditado Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, acusado de colaborar con La Barredora en coordinación con el CJNG.
Ya en noviembre, la violencia política alcanzó un punto cúlmine cuando el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado durante una celebración pública. En el transcurso del año también se registraron ataques contra otros ediles en Oaxaca y Michoacán, lo que provocó una ola de protestas en todo el país y un duro golpe al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum cuyo Gobierno defiende una baja en materia de inseguridad. Parte de esas protestas fueron protagonizadas por la Generación Z que, más allá de la franja etaria, se convirtió en un actor internacional de gran relevancia.
Organizaciones como Integralia Consultores y Data Cívica documentaron un aumento en la violencia política, registrando 112 asesinatos de funcionarios, candidatos o actores políticos tan solo en los primeros seis meses de 2025. Se contabilizaron al menos 253 ataques documentados que incluyen atentados, secuestros y amenazas. Entre ellos figuran, el fiscal federal de Tamaulipas que fue emboscado mientras circulaba en la vía pública, en Tijuana, drones con explosivos impactaron oficinas de la Fiscalía, y en Michoacán, un coche bomba mató a seis personas, incluidos cuatro policías.
Mientras tanto, los casos de extorsión siguieron siendo visibles con el asesinato de Irma Hernández Cruz, taxista en Veracruz, y Bernardo Bravo, líder citrícola en Michoacán, ambos tras denunciar presiones de grupos criminales.
El conflicto interno en el Cártel de Sinaloa escaló en municipios como Culiacán, Guasave y Navolato, con enfrentamientos, desplazamientos y suspensión de actividades. En ese contexto, Culiacán registró el mayor índice de percepción de inseguridad del país, con un 88.3%, según datos de la ENSU del INEGI.
La inseguridad se ha convertido en un índice relativo durante el primer año de Claudia Sheinbaum. Mientras que los datos gubernamentales como los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registraron una reducción de homicidios en un 27.9% en el promedio diario de víctimas durante los primeros diez meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, el INEGI contabilizó al cierre del tercer trimestre de 2025 que el 63% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Esto representa un incremento respecto al 58.6% registrado en septiembre de 2024.