Mientras avanza el Tren Maya con nuevas expropiaciones, reaparecen audios de 2024 que revelan favores y contratos ligados al hijo del expresidente
El gobierno mexicano continúa con el desarrollo del Tren Maya a través de nuevas expropiaciones de terrenos, pese a las crecientes denuncias de presunta corrupción vinculadas a la adjudicación de contratos. La construcción de esta obra en el sureste mexicano avanza entre cuestionamientos sobre conflictos de interés y omisiones técnicas en otros proyectos ferroviarios de la administración morenista.
Decretos publicados el 29 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) autorizaron la expropiación de tierras en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Las parcelas, mayoritariamente de uso agrícola y comunal, fueron transferidas a la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., bajo la figura de utilidad pública. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la encargada de ejecutar la expropiación, una vez que se compruebe el pago correspondiente según los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Estas acciones ocurren en paralelo al escándalo por contratos asignados en el Tren Interoceánico, donde se revelaron audios que implican a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En una de las grabaciones difundidas por LatinUS, Amílcar Olán, contratista y amigo cercano de "Bobby" López Beltrán, asegura que su participación en los proyectos ferroviarios incluyó suministro de balasto, explotación de minas y rehabilitación de vías. "Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá en por Oaxaca que nosotros las explotemos (...) porque yo soy el que voy a meter todo el dinero", se escucha decir a Olán, según el medio.
Duante noviembre de 2024, el Ejército mexicano confirmó un contrato con la empresa Construcsol, vinculada a Olán, para el Tren Maya. Sin embargo, este documento fue clasificado como reservado por estar sujeto a un procedimiento administrativo. La situación generó críticas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca el 28 de diciembre de 2025, donde fallecieron 13 personas y otras 98 resultaron heridas. Una auditoría de la ASF reveló que la obra inició sin estudios técnicos completos, lo que derivó en cambios de contrato y trabajos no previstos.
La ASF destacó que estas irregularidades violan la Ley de Obras Públicas. En el caso de la línea Z del Ferrocarril del Istmo, la falta de planeación adecuada provocó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra funcionarios públicos. Pese a ello, el Gobierno argumentó que se trataba de una obra prioritaria y justificó las modificaciones por su complejidad.
Tras los hechos, el dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, exigió suspender las obras ferroviarias relacionadas con los allegados del expresidente y realizar auditorías externas. "Cuando gobierna la corrupción, el pueblo de México paga con su vida", declaró el 29 de diciembre durante una conferencia. A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó responder directamente y defendió los certificados técnicos de seguridad de las vías.
Aunque las denuncias involucran inicialmente al Tren Interoceánico, no so pocos los actores políticos que adviertieron que los esquemas de contratación también se replicaron en el Tren Maya. La investigación del accidente se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy.