México impone aranceles de hasta 50% a importaciones sin TLC, mientras la Corte de EE. UU. decide sobre tarifas por emergencia
México modificará desde el 1 de enero de 2026 sus aranceles de importación hasta un 50% para productos de países sin tratado comercial. Momento en que la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la legalidad de tarifas impuestas por emergencia durante la presidencia de Donald Trump. Ambos procesos reflejan una creciente tendencia global hacia políticas comerciales defensivas.
De acuerdo con el Comunicado 123 de la Secretaría de Economía, publicado el 30 de diciembre de 2025, el objetivo de esta reforma es "salvaguardar cerca de 350 mil empleos en sectores sensibles como calzado, textiles, vestido, acero y automotriz". Así como también corregir distorsiones comerciales y reducir la alta dependencia de importaciones.
El decreto arancelario, publicado en el Diario Oficial de la Federación, afecta 1,463 fracciones arancelarias de industrias estratégicas. Entre los productos con mayores aranceles destacan:
Estos aranceles aplican exclusivamente a mercancías de países sin acuerdo comercial con México, entre ellos, varios países asiáticos como China, Corea del Sur, India, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Indonesia, entre otros. Como parte del "Plan México", los nuevos gravámenes buscan elevar el contenido nacional al 15%, aumentar la inversión interna hasta el 28% del PIB y generar 1.5 millones de empleos.
La decisión de México coincide en gran parte con la política arancelaria de Donald Trump. Sin embargo, México debe observar con atención el proceso legal en Estados Unidos para prever el destino de sus gravámenes.
El pasado 5 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos celebró una audiencia para decidir si es constitucional que la Casa Blanca imponga aranceles de forma casi unilateral. La Justicia evaluó la invocación por parte del Ejecutivo de una emergencia económica, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
El litigio surgió luego de que empresas y gobiernos estatales impugnaron aranceles impuestos por la administración Trump, entre ellos un 25% aplicado a productos mexicanos fuera del T-MEC, alegando que excedían las facultades ejecutivas. Mientras se espera una decisión final, estos aranceles siguen vigentes por determinaciones provisionales.
El debate jurídico gira en torno a si la IEEPA permite al presidente de Estados Unidos crear aranceles generalizados en contextos de emergencia. La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer impuestos, por lo que el resultado de esta revisión podría mantener, acotar o eliminar estos aranceles.
Tres escenarios son posibles:
Aunque el T-MEC protege cerca del 85% de las exportaciones mexicanas a EE. UU., el restante 15% está sujeto a las reglas en revisión. Para México, el retiro de los aranceles por IEEPA significaría mayor previsibilidad logística y menor presión arancelaria vinculada a temas de seguridad, como el tráfico de fentanilo y la migración.
La reforma mexicana a la LIGIE y el proceso judicial estadounidense tienen en común un objetivo: reconfigurar la política comercial desde marcos legales distintos, pero con implicaciones regionales. La Secretaría de Economía subrayó que los nuevos aranceles "no están dirigidos a ningún país en particular", aunque afectan a productos sin trato preferencial bajo acuerdo comercial.