Diversos bloques legislativos denuncian falta de control parlamentario tras la reforma operativa impuesta sobre la Secretaría de Inteligencia
Una reforma del sistema de inteligencia argentino, impuesta por decreto presidencial, generó una fuerte respuesta en el Congreso y reactivó el debate sobre el uso de medidas excepcionales para reestructurar organismos sensibles del Estado. La norma fue aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, afectando directamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el organismo central de inteligencia civil del país.
Dicha medida entró en vigor mientras el Congreso se encontraba en receso legislativo, hecho que acentuó las críticas sobre la falta de discusión institucional previa. Según el texto oficial, los cambios tienen por objetivo lograr un sistema "moderno, profesional y eficiente", con nuevas reglas de coordinación y control interno. El decreto establece que la SIDE tendrá funciones exclusivas de contrainteligencia, elimina áreas superpuestas y reduce su estructura operativa.
Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la habilitación para que agentes de inteligencia puedan aprehender personas en casos de flagrancia. Además, todas sus actividades quedarán clasificadas como "encubiertas". Para sectores legislativos opositores, estas atribuciones amplían de forma preocupante las facultades del organismo sin control parlamentario.
Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, afirmó: "Desde Provincias Unidas defendemos una regla básica: sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU". En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo: "si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas".
A nivel legislativo, la Comisión Bicameral de Inteligencia anticipó que solicitará informes al Poder Ejecutivo, aunque su funcionamiento aún depende de la conformación formal por ambas cámaras. Por ahora, el decreto continúa vigente y su revisión parlamentaria solo podrá realizarse a partir de febrero de 2026, cuando se reanuden las sesiones.
Desde el oficialismo, las autoridades destacaron: "la reforma responde a los más altos estándares democráticos y republicanos". Asimismo, señalaron que busca delimitar responsabilidades entre organismos del Estado, reducir duplicidades y garantizar controles legales y presupuestarios. "Elimina superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que contribuían al desorden y a la falta de control", explicaron desde la Secretaría de Inteligencia.
El impacto de esta reforma se proyecta más allá de la política local, en tanto coloca a la SIDE como un actor central de la estrategia de seguridad nacional en el actual escenario internacional. La medida delimita que la producción de inteligencia militar corresponderá al Estado Mayor Conjunto. En el caso de la protección de infraestructura crítica, quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.