Revisión judicial al decreto presidencial abre dudas sobre su impacto en el empleo, las empresas y la sostenibilidad fiscal del país
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado por decreto presidencial sin acuerdo entre gremios y sindicatos, comenzó a enfrentar resistencia legal. El Consejo de Estado admitió la primera demanda que cuestiona la legalidad del Decreto 1469, con el cual el presidente Gustavo Petro estableció un incremento del 23% bajo el argumento de cerrar una histórica brecha salarial.
La decisión judicial, conocida a inicios de enero de 2026, marca un hito en el proceso legal que podría derivar en la suspensión temporal del decreto. El estudio del caso quedó en manos del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, miembro de la Sección Segunda del alto tribunal, responsable de analizar las disputas relacionadas con actos administrativos del Ejecutivo.
El recurso judicial argumenta que el decreto vulneró varios principios legales y constitucionales. Según el documento presentado, no se respetaron los criterios técnicos establecidos por la ley colombiana para definir el salario mínimo, como la inflación o el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, se argumenta que no existió un acuerdo tripartito, mecanismo histórico de concertación entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial.
Dentro de los argumentos presentados en la acción judicial se afirma: "El Gobierno estableció así una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas, para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana". También se denuncia una "falsa motivación y desviación de poder" en el uso del decreto, que se habría sustentado más en criterios sociales que económicos.
El propio decreto reconoce que el aumento se basó en una estimación del salario vital elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ese sentido, el texto de la demanda advierte: "Esto significa que el Gobierno no utilizó los parámetros legales para definir el incremento, sino que sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso".
Durante una alocución televisada el 23 de diciembre de 2025, el presidente Petro justificó el decreto alegando la existencia de una brecha salarial estructural. Allí declaró: "Necesitamos un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual". En esa misma intervención anunció la incorporación del concepto de salario vital en la legislación colombiana, por primera vez.
El Consejo de Estado es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia. Tiene la responsabilidad de evaluar si los actos emitidos por el Gobierno respetan los principios constitucionales y legales. Su admisión de la demanda no implica una decisión de fondo, pero sí abre un proceso que podría impactar la aplicación del decreto.