Foto: x @infopresidencia
Un ajuste salarial decretado por el Gobierno de Colombia captó la atención regional al fijar el salario mínimo mensual en 2 millones de pesos colombianos a partir de enero de 2026. Esta cifra incluye $1.750.905 como base y $249.095 correspondientes al subsidio de transporte, en lo que representa el mayor aumento en una sola vigencia en la historia reciente del país.
El incremento del 23% fue establecido a través del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, luego de semanas de negociaciones fallidas entre gremios empresariales, sindicatos y el Ejecutivo. La falta de consenso llevó al Gobierno a tomar una decisión unilateral, sustentada en criterios técnicos y constitucionales. Las centrales sindicales propusieron un aumento del 16%, mientras los empleadores defendieron un 7,21%, basado en inflación causada y productividad.
De acuerdo con la Presidencia, el objetivo de la medida es tratar de proteger el poder adquisitivo. "El incremento decretado será del 23% en promedio, pero que, restando la inflación, el incremento real para los ciudadanos sería del 18,7%", afirmó el presidente Gustavo Petro durante una alocución pública.
El Ministerio del Trabajo justificó el ajuste con base en cuatro variables macroeconómicas: una inflación anual del 5,3% en noviembre de 2025, un crecimiento económico del 3,6% en el tercer trimestre del año, una productividad total de los factores del 0,91% y una tasa de desempleo del 8,2%. También se mencionó el objetivo de acercarse al "salario vital", concepto respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea cubrir necesidades básicas sin recurrir a ingresos adicionales.
La decisión, no obstante, generó una reacción inmediata en los diversos sectores empresariales. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), aseguró: "Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia".
Según datos citados por la ANDI, cada punto porcentual de aumento en el salario mínimo representa aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público. Esta cifra, en el contexto de la emergencia económica reconocida por el propio Gobierno, plantea preocupaciones sobre el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las políticas sociales.
Expertos del ámbito laboral y económico consideran que un aumento de esta magnitud podría replicar efectos en otros países de la región que observan con atención las políticas salariales de Colombia. El ajuste podría influir en decisiones similares en economías con alta informalidad o presiones sociales crecientes.
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