En Davos, autoridades advierten que redes de fraude digital ya desafían a los Estados, al operar con escala industrial y aprovechar vacíos legales y de gobernanza
Las redes de fraude digital comenzaron a representar un desafío directo para la autoridad de los Estados, al operar con estructuras transnacionales, alto nivel tecnológico y presencia en territorios con débil control institucional, advirtieron autoridades y especialistas durante una sesión del Foro Económico Mundial en Davos.
De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, señaló que el problema dejó de limitarse a pérdidas económicas y se convirtió en una amenaza de mayor alcance. Durante el panel, afirmó que estas organizaciones criminales ya no solo evaden a las autoridades, sino "están desafiando el poder de la autoridad del Estado", al consolidarse como industrias ilícitas con miles de personas involucradas.
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El funcionario explicó que el sudeste asiático se convirtió en un punto central de estas operaciones, impulsadas por la inestabilidad y la debilidad del estado de derecho en algunas zonas. Indicó que la magnitud del fenómeno es considerable, con cientos de miles de personas implicadas, muchas de ellas provenientes de regiones fuera de Asia, incluidas África y Europa.
Sahasak detalló, durante el último año, su país repatrió a alrededor de 10 mil personas que fueron engañadas, coaccionadas o traficadas para trabajar en centros de estafa. Añadió que los montos económicos asociados a estas redes alcanzan cifras de miles de millones de dólares, tanto por los recursos obtenidos por los grupos criminales como por las pérdidas sufridas por las víctimas.
Desde la perspectiva de Interpol, su secretario general, Valdesi Risa, explicó que estas organizaciones evolucionaron rápidamente. Recordó que fue en 2022 cuando se identificaron los primeros centros de estafa operando de forma estructurada y, desde entonces, el fenómeno dejó de concentrarse en una sola región. Señaló además que las operaciones ahora se detectan en distintos puntos del mundo y continúan expandiéndose.
Risa indicó, la expansión se ve facilitada por el uso de pagos digitales, redes sociales y tecnologías basadas en inteligencia artificial. Explicó que estos elementos permiten a las redes criminales mover recursos entre jurisdicciones, atraer víctimas y reclutar personas para operar los centros, lo que dificulta la respuesta de las autoridades nacionales.
Durante la sesión, se advirtió que la velocidad de adaptación tecnológica de estos grupos supera, en muchos casos, la capacidad de reacción institucional. Anne Neuberger, investigadora distinguida de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, señaló que los criminales aprovechan espacios físicos y digitales con escasa gobernanza, mientras los marcos legales y los mecanismos de cooperación siguen anclados a límites territoriales.
Los participantes coincidieron en que esta asimetría representa un riesgo para la gobernanza, permitiendo que organizaciones criminales consoliden control operativo en determinadas zonas, sin enfrentar consecuencias inmediatas. En ese contexto, se subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral, armonizar marcos legales y acelerar el intercambio de información entre países.
El componente humano también fue señalado como un elemento central del desafío. Gary Haugen, director ejecutivo de International Justice Mission, describió estos centros como instalaciones donde cientos o miles de personas son retenidas contra su voluntad y obligadas a realizar estafas. Indicó que la existencia de estas estructuras evidencia fallas profundas en la aplicación de la ley y en la protección de derechos básicos.
Al cierre del panel, los especialistas coincidieron en que enfrentar el fraude digital requiere algo más que respuestas técnicas, se necesita fortalecer la autoridad del Estado, reducir los vacíos de gobernanza y proteger a las personas explotadas son factores clave para frenar la expansión de estas redes.