Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Autoridades, especialistas en seguridad y organizaciones civiles advirtieron que el fraude cibernético dejó de ser únicamente un delito financiero y evolucionó hacia un modelo criminal integrando estafas digitales, trata de personas y coerción tecnológica, con víctimas tanto entre quienes pierden recursos como entre quienes son forzados a participar en estas operaciones.
Durante una sesión dedicada al tema en el Foro Económico Mundial, celebrada en Davos, Suiza, el director general del Centro de Ciberseguridad del foro, Jeremy Jurgens, señaló que el fraude ya no se limita al robo de dinero, implicando la pérdida de vidas y libertades. Explicó que existen centros de estafa de escala industrial combinando fraude en línea con tráfico de personas y control tecnológico, mientras atacan víctimas en distintos países.
En el encuentro se estipuló que este tipo de fraude podría superar los 360 mil millones de dólares en los próximos años. Los panelistas coincidieron en que estas redes criminales operan como verdaderas industrias transnacionales, con estructuras complejas, amplios recursos y capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías.
El ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, afirmó que el sudeste asiático se consolidó como uno de los principales focos de estas actividades ilícitas, debido a factores como la inestabilidad y la debilidad del estado de derecho en algunas zonas. El funcionario subrayó la magnitud del fenómeno, el cual involucra a cientos de miles de personas, muchas de ellas provenientes de regiones fuera de Asia, incluyendo África y Europa.
Phuangketkeow detalló que, tan solo en el último año, su país repatrió a unas 10 mil personas que fueron engañadas, coaccionadas o directamente traficadas para trabajar en estos centros de estafa. Añadió además que los montos económicos involucrados alcanzan miles de millones de dólares y advirtió que estas organizaciones criminales ya no solo evaden a las autoridades, sino que comienzan a desafiar directamente la autoridad del Estado.
Valdecy Urquiza, Anne Neuberger, Sihasak Phuangketkeow, Gary A. Haugen, Jeremy Jurgens en el marco de la conferencia "El ciberdelito tiene víctimas reales" en el Foro Económico Mundial en Davos 2026. Fuente: WEF
Desde la perspectiva de la Organización Internacional de Policía Criminal, su secretario general, Valdesi Risa, explicó que Interpol identificó por primera vez estos centros de estafa estructurados en 2022. Señaló que, aunque inicialmente se concentraban en el sudeste asiático, actualmente se han expandido a otras regiones del mundo y no hay indicios de ese crecimiento detenido.
Risa indicó que la expansión ha sido facilitada por el uso de medios de pago digitales, permitiendo transferencias rápidas de grandes cantidades de dinero entre distintas jurisdicciones, así como por el uso de redes sociales para atraer tanto a víctimas como a personas que posteriormente son explotadas laboralmente. También destacó que la adopción de inteligencia artificial por parte de los grupos criminales alcanzó niveles no observados antes, lo cual incrementa la dificultad para detectar estafas.
Anne Neuberger, investigadora distinguida de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, sostuvo que aún es posible contener esta amenaza. Explicó que, aunque los grupos criminales se adaptan con rapidez, acciones multilaterales han demostrado ser efectivas cuando gobiernos y sector privado colaboran para rastrear flujos financieros, cerrar plataformas y coordinar acciones transfronterizas.
Desde la perspectiva humanitaria, el director ejecutivo de International Justice Mission, Gary Haugen, describió estos centros como complejos cerrados donde cientos o miles de personas son retenidas contra su voluntad. Relató a las víctimas sufriendo abusos, violencia y privaciones si no cumplen con cuotas de fraude, permaneciendo largas jornadas frente a computadoras realizando estafas a nivel global.
Haugen subrayó que las autoridades y organizaciones ya conocen la ubicación de muchos de estos centros, gracias a los testimonios de sobrevivientes y a rastros digitales. Destacó que estas personas representan una fuente clave de información para identificar responsables, métodos de operación y estructuras criminales, siendo tratadas como víctimas y no como delincuentes.
Los participantes coincidieron en que enfrentar este fenómeno requiere cooperación internacional, marcos legales armonizados, alianzas público-privadas y un enfoque centrado en la protección de las víctimas. También señalaron que reducir los espacios físicos y digitales sin control es fundamental para frenar la expansión de estas redes.
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