Inspirado en modelos de Estados Unidos y Portugal, el plan argentino crea una vía legal para que inversores accedan a la ciudadanía mediante aportes reales
Con la puesta en marcha del programa Ciudadanía por Inversión, Argentina se suma a una red de más de 80 naciones que ofrecen nacionalidad o residencia a cambio de capital extranjero. La propuesta contempla otorgar la ciudadanía argentina a personas que realicen inversiones significativas en sectores definidos como estratégicos por el Estado.
En julio de 2025, el Gobierno reglamentó este régimen mediante el Decreto 524/2025 y lanzó una licitación internacional para implementar su ejecución operativa. El objetivo central es captar más de USD 2.500 millones en nuevas inversiones, atraer a unas 5.000 familias extranjeras y direccionar esos fondos hacia infraestructura, energía, agronegocios, vivienda, tecnología y proyectos de desarrollo regional.
La ejecución del programa estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía. Esta entidad coordinará el análisis técnico de los proyectos, verificará el origen de los fondos y articulará con organismos como Migraciones, la UIF, la SIDE, el Renaper y el Registro Nacional de Reincidencia.
El esquema contempla dos modalidades para cumplir con los requisitos: la primera es la donación a fondos públicos de interés nacional. La segunda permite realizar inversiones directas en emprendimientos productivos, bienes raíces o empresas locales.
Varios consorcios empresariales con experiencia en ciudadanía económica ya manifestaron su intención de operar el sistema. Entre ellos figuran compañías con trayectoria en Europa, Medio Oriente, Asia y América, que también participaron en programas similares en Estados Unidos, Portugal, Canadá y Nueva Zelanda.
Los modelos internacionales sirven como antecedente para estimar el impacto potencial del plan argentino. En Estados Unidos, el régimen EB-5 permitió canalizar entre USD 55.000 y 60.000 millones desde su implementación. En el caso de Portugal, los ingresos superan los 9.000 millones de euros, mientras que Nueva Zelanda captó más de USD 10.500 millones desde 2009.
En todos los casos, los programas incluyen mecanismos estrictos de control y evaluación, con el objetivo de garantizar que las inversiones tengan origen legal y contribuyan al desarrollo económico sostenible del país receptor.
Como organismo rector, el Ministerio de Economía definirá los requisitos que deberán cumplir los inversores. Aunque aún no se definieron los montos mínimos, el enfoque estará puesto en inversiones reales, de largo plazo y con impacto territorial concreto.
El pasaporte argentino representa una ventaja adicional dentro del mercado global de ciudadanía por inversión. Ofrece ingreso sin visa a más de 170 países y no exige la renuncia a la nacionalidad de origen, lo que lo convierte en una opción atractiva para familias e inversores que buscan movilidad internacional y seguridad jurídica.