Mientras avanza la reforma, diversos organismos alertan sobre impactos negativos en la salud mental y reinserción juvenil
El proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Argentina. La iniciativa, que forma parte del nuevo Régimen Penal Juvenil, ahora será tratada por el Senado para su eventual aprobación definitiva.
Durante la sesión del 12 de febrero de 2026, el oficialismo logró 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, sin abstenciones. Entre los bloques que acompañaron la propuesta se encuentran el PRO, la UCR, MID, Provincias Unidas y otras fuerzas provinciales. La votación marcó un nuevo avance legislativo para el Gobierno en las sesiones extraordinarias.
El nuevo régimen establece que los adolescentes desde los 14 años podrán ser penalmente responsables por delitos tipificados en el Código Penal. La ley prevé penas de hasta 15 años de prisión para crímenes graves como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos con violencia. Para delitos menores, se contemplan sanciones alternativas como monitoreo electrónico, servicios comunitarios, reparación del daño y mediación penal juvenil.
Según la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, el sistema actual "no previene, no resocializa y no repara". Además, afirmó que el nuevo marco legal "incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica".
A pesar del amplio respaldo parlamentario, distintas organizaciones expresaron su preocupación. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió: "bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia e inseguridad", al tiempo que destacó que los adolescentes infractores "se encuentran, en su amplia mayoría, en un estado de extrema vulnerabilidad".
La SAP remarcó que una política centrada en la sanción puede "profundizar la exclusión", sin reducir el delito juvenil. Además, señaló que muchos de estos adolescentes son utilizados por adultos en redes delictivas, lo cual restringe su capacidad de decisión y aumenta su exposición al riesgo psicosocial.
En una línea similar, la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo: "la baja de la edad de imputabilidad no ha reducido la delincuencia juvenil" y propuso mantener el sistema actual junto a políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a salud mental, educación y contención familiar.
Dicho proyecto también incluye la creación de centros de detención exclusivos para menores, con personal capacitado, atención médica y programas educativos. Queda expresamente prohibido que los adolescentes compartan espacios con adultos privados de libertad. Además, las víctimas tendrán derecho a ser informadas, participar del proceso y recibir asistencia legal y psicológica.
Para su implementación, el Estado destinará más de 23 mil millones de pesos, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
La discusión continuará en el Senado, donde el oficialismo busca consolidar este nuevo régimen penal juvenil antes del cierre del período legislativo extraordinario.