Foto: Buenos Aires Ciudad
La Cámara de Diputados de Argentina inició este 12 de febrero un extenso debate legislativo que incluye la propuesta para reducir la edad mínima de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, forma parte del nuevo régimen penal juvenil y se prevé que obtenga media sanción con apoyo parcial de fuerzas aliadas y bloques provinciales antes de pasar al Senado para su tratamiento definitivo.
Pasadas las 11 horas, se abrió la sesión parlamentaria con más de 12 horas previstas de deliberación. Según la agenda, la votación del régimen penal juvenil podría realizarse cerca de las 22. El proyecto cuenta con respaldo del Pro, la UCR, el MID y algunos legisladores de Provincias Unidas, Innovación Federal y Producción y Trabajo.
Fuente: Diputados
Así, el nuevo régimen establece que jóvenes desde los 14 años podrán ser imputados penalmente solo en casos de delitos considerados graves, aquellos cuya escala penal supere los diez años de prisión. Además, fija un tope máximo de 15 años para las penas privativas de libertad impuestas a adolescentes.
Entre las principales disposiciones se incluye un conjunto de sanciones alternativas a la prisión efectiva, como tareas comunitarias, prohibiciones de contacto con la víctima y medidas de reparación. También se define la privación de libertad como último recurso, con garantías procesales específicas para menores y condiciones diferenciadas de detención.
A nivel estructural, el texto estipula que los adolescentes deben alojarse en módulos separados de adultos y contar con acceso a educación, atención médica y programas de reintegración. Las provincias y el sistema penitenciario federal tendrán seis meses, desde la reglamentación de la ley, para adaptar sus instalaciones.
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Dentro del bloque Unión por la Patria surgieron posturas divergentes, mientras que Frente Renovador propuso un dictamen alternativo que también fija la imputabilidad desde los 14 años, pero plantea que la modificación se incorpore mediante una reforma integral del Código Penal. Por esta razón, sus legisladores anticiparon abstención en la votación general, aunque acompañarían el artículo el cual define la edad mínima.
Algunas voces expresaron objeciones sobre aspectos operativos del proyecto. El diputado Pablo Farías, de Santa Fe, cuestionó la falta de precisión respecto al financiamiento necesario para adecuar los penales juveniles. También se evidenciaron disidencias sobre cómo se implementarán los estándares diferenciados para adolescentes en conflicto con la ley.
En suma, el debate legislativo ocurre en paralelo a otra votación estratégica: la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Ambas iniciativas representan una apuesta política del Gobierno para consolidar respaldo parlamentario y proyectar señales internacionales. De obtener media sanción, pasarán al Senado para su tratamiento final.
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