Cambian las reglas de indemnización: los empleadores usarán fondos propios y dejarán de aportar al sistema previsional en igual proporción
El Congreso argentino aprobó en Diputados una iniciativa que modifica el financiamiento de las indemnizaciones por despido en el sector privado. Se trata del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las disposiciones más controvertidas de la reforma laboral, cuya aprobación definitiva depende ahora del Senado. El nuevo mecanismo traslada a las empresas la obligación de aportar mensualmente a una cuenta específica, que podrá utilizarse exclusivamente para afrontar desvinculaciones laborales, mientras se reduce de forma proporcional el aporte al sistema previsional estatal.
A partir de la promulgación de la ley, las grandes empresas deberán aportar un 1% de su masa salarial al FAL, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) tendrán una obligación del 2,5%. Estos porcentajes podrán incrementarse hasta un 1,5% y un 3%, respectivamente, por decisión del Ministerio de Economía. Los fondos depositados reemplazarán parte de los aportes patronales destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo tanto no implica un gasto adicional para el empleador.
La ley establece que cada empresa deberá abrir una cuenta individual en una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que actuará como organismo supervisor. El saldo de esa cuenta solo podrá ser utilizado para pagar indemnizaciones en caso de despido sin causa, desvinculación por acuerdo o fallecimiento del trabajador. No se permite su uso para renuncias ni jubilaciones, y el dinero acumulado permanecerá en la cuenta para futuras contingencias si no es utilizado.
El fondo funcionará como patrimonio separado, intransferible y protegido ante embargos. Su diseño busca descentralizar el pago de indemnizaciones, permitiendo a las empresas gestionar recursos propios sin afectar su liquidez operativa inmediata. Sin embargo, una vez implementado, el empleador no podrá tocar los fondos durante los primeros seis meses, lo que busca garantizar una base mínima acumulada.
Diversos especialistas advierten que esta estructura podría generar un desfinanciamiento en el sistema previsional argentino. Al restarse los aportes del FAL de las contribuciones patronales al SIPA, se reduciría el ingreso de fondos al esquema estatal de jubilaciones, especialmente en un contexto donde el empleo formal no muestra un crecimiento sostenido. Esta situación podría impactar en las provincias con cajas previsionales propias, dependientes de transferencias de la ANSES.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la medida tendrá efecto fiscal neutro, atribuido al crecimiento del empleo registrado como factor compensatorio. La CNV, como autoridad de control, será responsable de verificar que los recursos sean utilizados exclusivamente para los fines previstos. Se establecen sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo multas equivalentes al doble del monto mal utilizado, además de intereses.
En caso de cierre de la empresa, y siempre que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones con el personal, el empleador podrá recuperar los fondos remanentes del FAL. Asimismo, si una empresa alcanza un nivel de cobertura suficiente, podrá solicitar dejar de hacer aportes, según determine la reglamentación correspondiente.