Mientras la AFA habla de hostigamiento político, el Gobierno mantiene silencio ante un paro que pone en jaque la continuidad del campeonato nacional
Un nuevo capítulo de confrontación política sacude a Argentina tras la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la fecha 9 del torneo profesional y denunciar una presunta persecución por parte del Gobierno nacional. La medida trasladó una disputa judicial al centro del debate institucional y expuso tensiones entre el poder ejecutivo y la conducción del deporte más influyente del país.
La paralización incluye los encuentros programados del 5 al 8 de marzo, días que coinciden con las audiencias de indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino ante la Justicia. Ambos deberán presentarse ante el juez en lo penal económico Diego Amarante en una causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde la entidad rectora del fútbol argentino sostuvieron que la medida responde a una ofensiva política. En un comunicado oficial, la AFA expresó: "la suspensión fue decidida en repudio a la denuncia realizada por (la entidad recaudatoria estatal) ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino". En el mismo texto, la institución afirmó: "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA".
La investigación judicial busca determinar si la AFA retuvo y omitió depositar en tiempo y forma impuestos y contribuciones previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por $19 mil millones. Según el encuadre presentado por ARCA, los hechos fueron tipificados bajo los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario. Estos sancionan la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social cuando los montos retenidos no se ingresan dentro del plazo establecido.
Frente a la acusación, la AFA aseguró: "ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes". La defensa de los directivos apeló las citaciones y calificó el llamado a indagatoria como "prematuro y carente de justificación jurídica alguna".
A la vez que la conducción del fútbol denunció un "ataque coordinado" del Gobierno, el Poder Ejecutivo optó por no emitir declaraciones formales. La ausencia de comunicados, conferencias o mensajes en redes sociales marcó una estrategia de silencio institucional ante la escalada del conflicto.
El trasfondo político amplía el alcance del episodio. La dirigencia de la AFA vinculó las acciones judiciales con presiones para avanzar en la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas. Este modelo es promovido por sectores del oficialismo y rechazado por la mayoría de las asociaciones civiles que integran el sistema futbolístico argentino.
La coincidencia entre las fechas de las audiencias judiciales y la jornada suspendida añadió un componente simbólico al conflicto. La paralización del torneo no solo impacta en la agenda deportiva nacional, sino que instala una disputa de poder con implicancias institucionales y proyección regional, en un país donde el fútbol mantiene peso político, económico y social.