Consejeros del INE advirtieron que los cambios de criterio podrían incentivar la entrega tardía de comprobaciones por parte de los partidos
El Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el criterio de fiscalización y redujo en 244 millones de pesos las sanciones previstas a partidos políticos por irregularidades en sus informes de egresos correspondientes al ejercicio 2024. La decisión, avalada en sesión del Consejo General, incluyó el envío de múltiples observaciones a procedimientos de seguimiento, lo que pospone la imposición de sanciones mientras se realiza una revisión más detallada.
Las multas proyectadas inicialmente ascendían a 706.9 millones de pesos, de los cuales 633 millones correspondían a partidos políticos nacionales y 73.5 millones a fuerzas locales. Tras el ajuste, el monto final de sanciones quedó en 462 millones 950 mil pesos. La reclasificación respondió a adendas y erratas entregadas por los partidos antes de la votación del dictamen, varias de ellas presentadas en las horas previas a la sesión.
El Partido del Trabajo (PT) resultó el más beneficiado por la reducción. La suma proyectada en su contra era de 215 millones de pesos, pero el nuevo cálculo la disminuyó a 93.5 millones. En tanto, el PRI deberá cubrir 98.8 millones; Morena, 59.5 millones; PAN, 45.1 millones; Movimiento Ciudadano, 20.1 millones; y el Partido Verde, 19.9 millones. Los partidos locales acumulan en conjunto 125 millones de pesos en sanciones.
Durante la sesión, el representante del PT, José Alberto Benavides, expresó: "Agradecemos remitir a seguimiento y procedimientos oficiosos diversos rubros en los que el partido ha sido objeto de observaciones reiteradas". Justificó además que parte del gasto observado se utilizó en viáticos para reuniones del Consejo Nacional del partido en la Ciudad de México.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, expresó preocupación ante la acumulación de cambios en el dictamen: "Los seguimientos, podemos decir, deberían adoptarse por excepción, no como regla, cuando hay dudas razonables sobre casos específicos". En su intervención, también advirtió: "esta práctica cuando se adopta con poca mesura podría viciar los dictámenes, favorecer o incentivar los incumplimientos".
Rivera añadió que las adendas "se han circulado con base en dudas, alegatos o supuestas comprobaciones de última hora, literalmente de las últimas horas y en esta semana muchas, que hacen materialmente imposible revisar, valorar y dictaminar con rigor y objetividad".
Según lo reportado por el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización revisó un total de 553 informes anuales de ingresos y egresos. En algunos casos se detectó el uso de facturas genéricas para justificar conceptos como alimentos, gasolina y hospedaje. Aunque preliminarmente podrían estar relacionados con actividades internas de los partidos, la falta de documentación específica derivó en observaciones sujetas a seguimiento.
La decisión de enviar los casos a revisión implica que parte del proceso queda abierto, sin resolución definitiva. No se estableció un plazo exacto para su conclusión, pero se anticipó que los temas se retomarán en el siguiente informe anual.
El consejero Rivera recordó que los partidos tuvieron un plazo de 14 meses para presentar aclaraciones y documentación probatoria. Frente a ese marco, reiteró que los ajustes de último momento no deben convertirse en una práctica recurrente dentro del sistema de fiscalización electoral.