Cambios previstos incluyen más margen de acción ante episodios críticos y una red asistencial con distintos niveles de complejidad
La salud mental volverá al centro del debate legislativo porque el Gobierno de Argentina prepara una reforma que modifica internaciones, criterios de riesgo y organización hospitalaria. El proyecto busca actualizar la ley vigente desde 2010 y corregir fallas de aplicación que, con el paso de los años, expusieron diferencias de atención entre provincias y límites operativos frente a crisis graves.
Desde Buenos Aires, el anuncio tomó forma luego de una reunión entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Según la información difundida por fuentes oficiales y retomada por distintos medios locales, el texto será enviado al Congreso en los próximos días para iniciar su recorrido legislativo.
Uno de los cambios más relevantes apunta al lenguaje clínico utilizado por la norma actual. El borrador propone dejar atrás la expresión "padecimiento mental" y adoptar categorías vinculadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades. El objetivo es dar mayor precisión diagnóstica y facilitar decisiones médicas en casos complejos dentro del sistema sanitario.
Ese ajuste técnico tiene una lectura más amplia para una audiencia internacional, porque define cómo un Estado clasifica y aborda emergencias de salud mental. En la práctica, la reforma intenta alinear el marco legal argentino con criterios médicos más estandarizados, algo clave cuando se discuten internaciones, capacidad de intervención y responsabilidades institucionales.
Otro punto central está en la definición del riesgo, uno de los aspectos más discutidos de la ley vigente. El nuevo proyecto busca reemplazar el criterio actual por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", incorporando también el contexto y los antecedentes de cada caso.
El Gobierno con este cambio, intenta dar más margen de acción a médicos y equipos tratantes frente a episodios críticos. La meta oficial es permitir intervenciones más oportunas y preventivas, sobre todo en situaciones donde una demora puede agravar el cuadro clínico o afectar a otras personas.
Las internaciones seguirán consideradas como un recurso excepcional, aunque el proyecto modifica las herramientas disponibles ante urgencias psiquiátricas. En esos casos, un médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas, mientras la notificación judicial se extenderá de diez a veinticuatro horas.
También habrá cambios cuando una internación comience de forma voluntaria y el paciente pida el alta. Si el equipo tratante considera afectada su capacidad de decisión, esa internación podrá pasar a ser involuntaria con notificación a la Justicia, un punto que probablemente concentrará buena parte del debate parlamentario.
La reforma toma distancia del cierre generalizado de hospitales psiquiátricos especializados previsto por la ley actual. La propuesta sostiene una red escalonada con hospitales monovalentes, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas, bajo el argumento de que muchas jurisdicciones todavía no cuentan con infraestructura suficiente para absorber casos complejos.
Ese diagnóstico se apoya en diferencias territoriales que el propio Gobierno identificó durante el relevamiento previo. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación,