Mientras se acerca el relevo presidencial, el uso efectivo del presupuesto se vuelve una prueba central para el cierre del gobierno colombiano
Convertir presupuesto en resultados suele ser una de las pruebas más visibles para cualquier gobierno. Ese punto quedó bajo presión después de que Gustavo Petro admitiera fallas en la ejecución del gasto público, un indicador clave para medir si los recursos aprobados terminan en obras, servicios o programas concretos.
Durante un acto oficial en Córdoba, el presidente abordó uno de los temas más criticados de su administración. "El nivel de ejecución del primer trimestre es bueno en educación y en otras cosas, pero no es bueno en la mayoría del gobierno. Nos quedan tres meses y no sabemos qué tipo de gobierno venga", dijo Petro.
La declaración expuso un problema central en cualquier administración pública. Tener recursos disponibles no garantiza resultados inmediatos si el dinero no logra asignarse y ejecutarse con la rapidez prevista, especialmente cuando el tiempo político comienza a acortarse y las metas de gobierno siguen bajo evaluación.
En esa misma intervención, Petro señaló cuál fue una de las principales cargas del presupuesto estatal: "Lo que más hemos hecho es pagar la deuda interna y externa", afirmó. Hizo énfasis en la dificultad estructural del presupuesto colombiano, donde una parte considerable del gasto ya tiene destino definido y deja poco margen para redirigir recursos con rapidez.
Ante ese escenario, el mandatario planteó acelerar desembolsos apoyados en fondos de emergencia destinados a zonas golpeadas por desastres. "Tenemos que poner varios millones, conseguidos de la emergencia económica para el desastre; eso cubre Córdoba, Sucre, el norte de Antioquia y ejecutar de inmediato", sostuvo. Luego agregó: "Vamos a ejecutarlos en esta zona y hemos dicho que Córdoba cambia si se ejecutan los recursos".
Las palabras del presidente aparecieron en medio de críticas persistentes sobre la capacidad de su gobierno para mover el presupuesto. Distintos sectores políticos señalaron que la baja ejecución afecta la marcha de proyectos y limita el impacto de los recursos públicos en áreas productivas y sociales.
A esa presión se sumó la Contraloría General, que pidió al Ministerio de Hacienda una estrategia "responsable, austera y equilibrada" frente al manejo del presupuesto. El organismo también indicó que cerca del 92% del Presupuesto General de la Nación es inmodificable. Esta condición reduce el margen para hacer ajustes amplios sobre la marcha y aumenta la presión sobre la parte realmente ejecutable.
Ese marco ayuda a entender por qué la ejecución del gasto se volvió un punto tan sensible en la fase final del mandato. Cuando un gobierno entra en su tramo decisivo, el foco suele desplazarse desde los anuncios hacia la capacidad de poner en marcha obras, acelerar inversiones y dejar resultados verificables antes del relevo presidencial.