Con impacto sobre campañas, partidos y representación parlamentaria, el proyecto empieza a abrir una negociación clave en el Senado
Una discusión de alto impacto quedó abierta en Argentina con el envío de una reforma electoral que puede alterar varias reglas del sistema político en un solo paquete legislativo. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo reúne cambios sobre candidaturas, financiamiento, campañas, partidos y representación parlamentaria, con efectos que exceden una elección puntual.
La iniciativa ingresó al Senado con 79 artículos y propone eliminar de forma definitiva las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO. También incorpora cambios sobre el funcionamiento de los partidos, la boleta única en papel, el financiamiento político y los criterios para competir por cargos públicos.
Uno de los cambios más relevantes establece que cada partido o alianza deberá definir a sus candidatos mediante mecanismos internos, sin una primaria nacional organizada y financiada por el Estado. En los hechos, la selección previa de postulantes dejaría de estar abierta a toda la ciudadanía y volvería a quedar dentro de la estructura partidaria.
Otro bloque central del proyecto endurece las condiciones para crear y conservar partidos políticos. Para obtener reconocimiento legal, una fuerza deberá acreditar fundadores, autoridades, domicilio, carta orgánica y un número mínimo de afiliados en cada distrito. Para el reconocimiento nacional, además, necesitará presencia vigente en al menos diez distritos y afiliados equivalentes al 0,1 % del padrón nacional.
Ficha Limpia aparece como otro de los puntos con mayor peso político dentro del texto. Bajo ese criterio, quedarían inhabilitados para competir por cargos electivos o ejercer funciones partidarias quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos. Ese punto vuelve a instalar una discusión que ya había generado fuertes diferencias en el Congreso.
Diversos cambios en el financiamiento también ocupan una parte importante del proyecto. La reforma habilita aportes privados regulados y mantiene límites para impedir donaciones prohibidas o sin trazabilidad. A la vez, exige que todos los movimientos de campaña pasen por cuentas bancarias específicas bajo supervisión de la justicia electoral.
Las campañas quedarían sujetas a nuevas reglas de tiempo y control. El texto fija su inicio 60 días antes de la votación y ordena el cierre 48 horas antes del comicio, con sanciones para quienes hagan actividad proselitista fuera de plazo. Durante los 25 días previos, además, restringe actos oficiales que puedan influir en la voluntad del electorado.
El debate presidencial, la boleta única en papel y la representación parlamentaria regional también forman parte del paquete. El proyecto elimina la obligatoriedad del debate presidencial, ajusta el modelo de votación y suspende la elección directa de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur hasta que exista una fecha común en todo el bloque.