Mercados, rutas y tribunales marcan la nueva etapa de la crisis boliviana, con presión financiera y una orden judicial sobre Evo Morales
Los bloqueos ya dejaron de ser un conflicto sectorial y pasaron a medir la resistencia política, social y financiera del gobierno de Rodrigo Paz. La continuidad de las protestas combina cortes de rutas, desabastecimiento, presión sobre la deuda y una causa judicial abierta contra Evo Morales.
En Bolivia, el conflicto entró este martes 26 de mayo de 2026 en su cuarta semana con al menos 57 puntos de bloqueo en carreteras estratégicas. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó cierres en cinco de los nueve departamentos, con La Paz como zona más afectada.
Reportes locales señalan dificultades de abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en La Paz y El Alto. El Gobierno reconoció además la muerte de Víctor Cruz Quispe durante enfrentamientos registrados en el altiplano paceño.
El deterioro también llegó a los mercados, donde el riesgo país medido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes superó los 605 puntos. Ese indicador estaba cerca de 350 puntos antes de la escalada.
Con ese avance, Bolivia volvió a ubicarse como el segundo país sudamericano más riesgoso para invertir, solo detrás de Venezuela. La medición refleja el costo adicional exigido por inversionistas para financiar deuda soberana frente a países considerados más seguros.
Estas protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado de la Central Obrera Boliviana, el mayor sindicato del país. A esa convocatoria se sumaron organizaciones campesinas, mineros, transportistas, trabajadores fabriles y sectores vinculados al expresidente Morales.
La marcha del lunes 25 de mayo derivó en choques entre manifestantes y policías cerca de la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno. Grupos movilizados intentaron ingresar al área cercada y fueron repelidos con gases lacrimógenos por fuerzas antimotines.[img1]
Rodrigo Paz anunció una reducción del 50% en su salario y en el de sus ministros durante un acto en Sucre. La medida fue presentada como gesto de austeridad, aunque no figura entre las principales demandas de los sectores movilizados.
El mandatario también volvió a convocar al diálogo, pero descartó conversaciones con grupos que recurran a hechos de violencia. Los manifestantes mantienen reclamos por salarios, combustibles, costo de vida y rechazo a las reformas económicas del Ejecutivo.
La tensión política se amplió por el papel atribuido a Evo Morales en las protestas y por su situación judicial. El Gobierno sostiene que sectores afines al exmandatario buscan alterar el orden democrático e incentivar la caída de Paz.
Morales rechaza esas acusaciones y pidió al Gobierno convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. El expresidente fue inhabilitado para competir en 2025 y enfrenta una orden de captura por rebeldía en un juicio por presunta trata de menores.
La Cámara de Diputados tiene previsto debatir este martes 26 de mayo un proyecto sobre facultades de las fuerzas de seguridad en situaciones excepcionales. Esa discusión legislativa coincide con bloqueos activos, presión financiera y reclamos sociales todavía abiertos.