Yungay quedó bajo toneladas de lodo tras el desprendimiento del Huascarán, en una catástrofe que marcó la memoria sísmica de Perú
Un minuto bastó para convertir una tarde de domingo en la mayor tragedia natural de Perú. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la costa y la sierra del país. El desastre dejó cerca de 70 mil muertos y desaparecidos, además de 150 mil heridos, de acuerdo con registros del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres.
A las 15:23, el sismo se originó frente a la costa de Chimbote, en el océano Pacífico. El movimiento duró cerca de 45 segundos, pero sus efectos alcanzaron a ciudades, carreteras, viviendas y servicios básicos. La zona más afectada fue Áncash, una región ubicada entre el litoral peruano y la Cordillera de los Andes.
La destrucción también golpeó sectores de La Libertad, Huánuco y Lima, con daños extendidos en zonas urbanas y rurales. Huaraz y Chimbote reportaron colapsos masivos de viviendas, muchas construidas con materiales vulnerables frente a movimientos sísmicos intensos. Las rutas quedaron interrumpidas y la ayuda humanitaria enfrentó obstáculos desde las primeras horas de emergencia.
El terremoto provocó un desprendimiento de hielo, roca y lodo desde el nevado Huascarán, la montaña más alta de Perú. Esa masa descendió sobre el Callejón de Huaylas y sepultó Yungay, además de afectar Ranrahirca y otros poblados cercanos. El Servicio Geológico de Estados Unidos describió ese alud como uno de los fenómenos geológicos más importantes del desastre.
Tras el alud, Yungay quedó sepultada bajo toneladas de material y algunos sobrevivientes se refugiaron en zonas elevadas. La tragedia convirtió al pueblo en un símbolo permanente del riesgo asociado a sismos, glaciares y asentamientos cercanos a montañas. Britannica identifica el deslizamiento del Huascarán como el episodio más destructivo asociado al terremoto.[img1]
La magnitud del desastre colocó al terremoto de 1970 entre las catástrofes más graves de América Latina durante el siglo XX. Datos del consorcio Incorporated Research Institutions for Seismology estiman más de 66 mil fallecidos, 200 mil viviendas destruidas y cerca de 800 mil personas sin hogar.
Con rutas bloqueadas y comunicaciones dañadas, Perú recibió ayuda de decenas de países en medio de una emergencia compleja. La emergencia mostró la necesidad de coordinar prevención, respuesta y reconstrucción frente a terremotos, aludes y otros riesgos naturales. También expuso la fragilidad de la infraestructura en regiones donde conviven ciudades, montañas, glaciares y actividad sísmica.
Dos años después, el país creó el Sistema Nacional de Defensa Civil mediante el Decreto Ley 19338. Esa decisión sentó las bases de una política organizada para atender emergencias, preparar a la población y reducir daños futuros. Con el tiempo, el 31 de mayo quedó asociado a simulacros y actividades de educación preventiva en Perú.
A 56 años del terremoto, la memoria de 1970 sigue ligada a la gestión del riesgo sísmico. La catástrofe modificó la forma en que Perú entendió sus amenazas naturales y convirtió la prevención en una tarea pública permanente. Yungay, Huaraz y Áncash quedaron como referencias históricas de un desastre que aún orienta la preparación ante emergencias.