Tensión política en Bolivia crece con salidas ministeriales, protestas sostenidas y debate sobre un posible estado de excepción
La salida de Marcelo Salinas abrió un nuevo frente en un gabinete presionado por protestas, bloqueos y reclamos económicos sostenidos. Su renuncia se produjo después de más de un mes de movilizaciones que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.
En Bolivia, la dimisión fue conocida el martes 2 de junio mediante una fuente del Ministerio de Defensa. Al ser consultada por El Deber sobre la salida de Salinas, esa fuente respondió: "Sí, confirmada esta información", sin explicar razones.
Hasta el momento, ninguna autoridad informó oficialmente las razones de la renuncia. El contexto inmediato incluye presión de sectores sociales, bloqueos de carreteras y debate sobre el uso de medidas excepcionales. Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros reclaman respuestas ante la crisis económica más severa del país en cuatro décadas.
La salida de Salinas coincidió con la renuncia de Beatriz García, ministra de Educación y participante en reuniones de mediación. Esos encuentros fueron promovidos por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos. Los sectores movilizados no acudieron a esas reuniones, según los reportes citados sobre el proceso de diálogo.
Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, habría sustituido a Salinas. La designación no contaba con confirmación oficial en los reportes iniciales, mientras el gabinete sumaba más bajas. La cartera de Trabajo también había registrado una renuncia semanas antes, en medio del avance del conflicto social.
Más de cien bloqueos de carreteras fueron reportados en el país, casi el doble frente a dos semanas anteriores. Las interrupciones afectaron el transporte de alimentos, combustibles, medicinas y oxígeno medicinal hacia zonas urbanas. La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las ciudades más golpeadas por la paralización de rutas.
La crisis también presiona al Gobierno por el posible uso de un estado de excepción. Una norma eliminada por el Congreso había limitado la facultad presidencial para decretar esa medida. Con ese cambio, el Ejecutivo podría restringir libertades de reunión y movimiento, además de enviar militares a las calles.
El Gobierno mantuvo llamados al diálogo, aunque los dirigentes de las organizaciones movilizadas no respondieron favorablemente. Paz acusa al exmandatario Evo Morales de impulsar las protestas y de intentar "alterar el orden democrático". Los sectores movilizados exigen la salida del presidente y rechazan medidas económicas aplicadas durante su administración.
Dicho conflicto se inició con una huelga de trabajadores en mayo y luego derivó en bloqueos sostenidos. Paz asumió el cargo en noviembre, tras un proceso electoral que cerró casi dos décadas de gobiernos de izquierda. Su administración recibió un país con escasez de combustible y caída de reservas de divisas.
Hasta ahora, la situación combina renuncias ministeriales, presión social, problemas de abastecimiento y discusión sobre medidas excepcionales. El último estado de excepción por protestas en Bolivia fue decretado en 2019, tras la renuncia de Morales.