Personas políticamente expuestas pueden usar el régimen fiscal argentino, pero el caso Adorni abrió preguntas sobre controles y transparencia
Una declaración tributaria abreviada quedó en el centro del caso Manuel Adorni, porque su uso coincide con una investigación judicial sobre su patrimonio. El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. El caso atrae atención porque el esquema reduce información exigida ante el fisco, pero no cierra investigaciones penales por otros delitos.
En Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, conocida como ARCA, registró las adhesiones en el período fiscal 2025. El régimen fue reglamentado por el Decreto 93/2026, publicado el 9 de febrero de 2026, para personas humanas y sucesiones indivisas residentes. La norma aplica cuando los contribuyentes cumplen límites de ingresos, patrimonio y otros requisitos definidos por la autoridad fiscal.
Dicho sistema permite presentar una declaración jurada abreviada del Impuesto a las Ganancias. En lugar de informar consumos personales, patrimonio inicial, patrimonio final y variaciones patrimoniales, el contribuyente declara ingresos, gastos y deducciones. Luego, ARCA calcula el impuesto correspondiente y el pago genera un efecto liberatorio sobre ese tributo, salvo omisiones relevantes.
Otro punto central es el llamado tapón fiscal, un bloqueo a revisiones tributarias de períodos previos no prescriptos. Especialistas citados por medios locales remarcan que ese efecto rige en el ámbito impositivo y no alcanza investigaciones por enriquecimiento ilícito, dádivas o lavado de activos. Por eso, adherir al régimen no equivale jurídicamente a ingresar en un blanqueo general ni extingue controles judiciales independientes.
La controversia surge porque Adorni y Angeletti integran el grupo de personas políticamente expuestas, una categoría usada para reforzar controles sobre funcionarios y allegados. La adhesión ocurrió mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita revisa posibles inconsistencias entre declaraciones juradas, bienes y movimientos patrimoniales del matrimonio. La investigación incluye una casa registrada por Angeletti y operaciones vinculadas a inmuebles en Buenos Aires.
El debate también se alimentó por un mensaje publicado por Adorni el 26 de diciembre de 2025. En la red social X, publicó una frase que luego volvió a circular. "La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica". La frase regresó al debate cuando se conoció su propia adhesión al régimen que había elogiado públicamente.[img1]
Hasta el 19 de mayo de 2026, 94.500 contribuyentes habían adherido al sistema, según datos oficiales. Esa cifra muestra que la herramienta no está reservada a funcionarios, aunque el caso abrió una discusión sobre exclusiones legales.
La respuesta pública en una entrevista a La Nación de Adorni fue negar que la adhesión implicara un blanqueo. "En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias". La polémica se concentra en otro punto: el régimen reduce el control fiscal retrospectivo mientras existe una causa patrimonial abierta.
El uso del régimen seguirá bajo revisión pública porque el jefe de Gabinete aún debe presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Ese documento deberá ordenar información sobre bienes, deudas e ingresos, mientras la investigación judicial conserva un alcance separado del trámite tributario.