Una denuncia ante el Congreso podría mantener abierto el caso después del cambio de Gobierno y someter a Petro a nuevas investigaciones oficiales
El cierre del Gobierno colombiano quedó marcado por una confrontación entre Gustavo Petro y una excolaboradora que asegura haber sufrido represalias. Angie Rodríguez sostiene que los malos tratos comenzaron después de advertir sobre nombramientos cuestionados y posibles irregularidades con recursos públicos.
Rodríguez fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, organismo encargado de apoyar administrativa y logísticamente al jefe del Estado colombiano. Hasta enero de 2026, también tramitó nombramientos en ministerios y entidades antes de asumir la gerencia del Fondo de Adaptación.
Durante una entrevista difundida el 28 de julio por Blu Radio, la exfuncionaria acusó a Petro de insultarla, presionarla y amenazarla. "Me recordó su pasado en la guerrilla", declaró Rodríguez al describir una conversación vinculada con la antigua militancia presidencial en el Movimiento 19 de Abril.
Rodríguez también manifestó temor por su seguridad y explicó que permaneció dentro del Gobierno porque temía quedar sin protección institucional. "El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes", afirmó durante la entrevista.
Uno de sus principales señalamientos involucra 1,2 billones de pesos colombianos destinados a proyectos contra inundaciones en la región de La Mojana. Rodríguez asegura que impidió trasladar esos recursos desde el Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Según su versión, esa transferencia habría permitido gastar el dinero mediante procedimientos más rápidos y con controles distintos a los aplicados originalmente. Los fondos debían financiar obras de regulación hídrica programadas hasta 2029, aunque las autoridades deberán determinar si existió alguna conducta ilegal.
La exdirectora también afirmó que se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero en un viceministerio del Ministerio de la Igualdad. Guerrero quedó vinculada a cuestionamientos por la documentación académica presentada para ocupar el cargo y posteriormente fue llamada a juicio penal.
Petro rechazó las acusaciones, calificó la actuación de Rodríguez como un ataque "calumnioso" y anunció que presentará una denuncia penal. Además, sostuvo que la apartó de la dirección presidencial por deslealtad y por sus presuntas relaciones con sectores políticos vinculados al paramilitarismo.
Wilson Ruiz, abogado de Rodríguez y exministro de Justicia, anunció una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ese organismo recibe quejas contra presidentes y puede promover una acusación ante el Senado cuando considera que existen fundamentos constitucionales.
El final del mandato no impediría automáticamente que las autoridades examinen hechos presuntamente cometidos mientras Petro ejercía la Presidencia. La Constitución colombiana contempla procedimientos para investigar actuaciones atribuidas a mandatarios, incluso después de que abandonen el cargo.