Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el titular de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, sumó un nuevo episodio este 12 de agosto, cuando el alto tribunal decidió ampliar el plazo y solicitar más pruebas en el proceso de control de constitucionalidad de la reforma pensional.
El distanciamiento entre ambos se agudizó tras las recientes declaraciones de Petro, quien acusó a Ibáñez de "desconfiar del presidente de la República" y actuar por "odio ideológico". Estas afirmaciones surgieron después de que el magistrado ordenara recabar información sobre los viajes oficiales del mandatario a España y Francia en fechas clave del trámite legislativo.
En un auto judicial, Ibáñez rechazó las acusaciones y defendió la independencia de la Corte, señalando que las afirmaciones del presidente "no corresponden a la verdad" y que resultan ajenas al principio de colaboración armónica entre ramas del poder público.
La demanda, presentada por la senadora Paloma Valencia, cuestiona la Ley 2381 de 2024, que crea el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, por presunta omisión del debate obligatorio en plenaria de la Cámara de Representantes.
Para fortalecer la recolección de evidencias, Ibáñez fijó un segundo y último plazo de tres días hábiles para que autoridades y ciudadanos aporten información. También dispuso que, una vez vencido este término, la documentación se traslade a la parte demandante, intervinientes y al procurador general, sin necesidad de un nuevo auto que califique las pruebas.
La Corte confirmó que recibió datos sobre la ubicación del presidente Petro durante las convocatorias legislativas, aunque el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Secretaría Jurídica señalaron que tienen "reserva legal" y no podrán publicarse.
Este episodio refleja un pulso institucional: mientras Petro insiste en la pronta implementación de la reforma, la Corte Constitucional defiende su rol de control para verificar que el trámite legislativo cumpla con la Constitución antes de emitir un fallo definitivo.
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