Para aplicar el nuevo esquema, el Ministerio de Justicia coordinará supervisores, asistencia a víctimas y acuerdos de cooperación con las provincias
Con la entrada en vigor del nuevo marco, Argentina modificó el tratamiento penal aplicable a adolescentes acusados de cometer delitos. La reglamentación de la Ley 27.801 define ahora cómo funcionará un sistema específico para personas de 14 a 17 años acusadas de cometer delitos.
El Decreto 875/2026 designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación dentro de la jurisdicción nacional y federal. Esa cartera tendrá la responsabilidad de coordinar la implementación, dictar normas complementarias y establecer mecanismos de cooperación con las provincias y otros organismos.
Uno de los cambios centrales es la reducción de la edad mínima de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años. Sin embargo, esa modificación fue establecida previamente por el Congreso al aprobar la ley y no surgió del decreto reglamentario.
Al evaluar cada caso, los tribunales deberán considerar la edad que tenía el adolescente cuando ocurrió el hecho investigado. El sistema mantiene un tratamiento diferenciado respecto de los adultos y combina sanciones penales con medidas orientadas a educación, resocialización e integración social.
Ingresar al régimen no implica automáticamente recibir una pena de prisión, porque la legislación contempla distintas respuestas según las circunstancias del caso. Entre ellas aparecen amonestaciones, restricciones de contacto o circulación, servicios comunitarios, reparación del daño y mecanismos de monitoreo electrónico.
Cuando corresponda una pena privativa de libertad, quedan prohibidas la reclusión perpetua y la prisión perpetua para los adolescentes alcanzados. Además, la legislación establece un máximo de 15 años de privación de libertad, incluso ante determinados supuestos de acumulación de penas.
Otro componente relevante será el supervisor especializado, encargado de acompañar, asistir y controlar al adolescente durante el cumplimiento de determinadas medidas. Estos profesionales deberán contar con formación vinculada con educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, trabajo social o abordaje especializado de adicciones.
La reglamentación creó un registro específico de supervisores dentro del Ministerio de Justicia para los procesos de competencia nacional y federal. Mientras se completa la selección definitiva, habrá un listado provisional y la primera convocatoria pública deberá concretarse dentro de un plazo máximo de 180 días.
El nuevo esquema también incorpora un Comité Interministerial integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Su función será coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción, además de facilitar la ejecución administrativa de las medidas previstas.
También se creó una Mesa Federal para articular la aplicación entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Ese espacio buscará armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y facilitar acuerdos de cooperación entre las diferentes jurisdicciones argentinas.
Las víctimas tendrán acceso a asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito mediante mecanismos coordinados por las instituciones correspondientes. Además, las sentencias firmes deberán comunicarse al Registro Nacional de Reincidencia mediante una sección especial con acceso reservado.